12-M, las elecciones no queridas

Pere Aragonès no tenía ninguna intención de convocar elecciones: venía de hacer una crisis –más bien unos retoques quirúrgicos– del ejecutivo que había consistido en reforzar a Laura Vilagrà –que pasó de ser consejera de Presidencia a vicepresidenta– y sacar a Sergi Sabrià de dicha Oficina de Estrategia y Comunicación del Presidente e incorporarle a la primera línea, como viceconsejero de la misma materia. El objetivo de estas decisiones, según Aragonès, era "reforzar el tramo de gobierno que queda hasta febrero de 2025". Y también, dar al Gobierno un cierto perfil político que hiciera el trabajo de poner en valor la labor de gobierno, como argumento electoral.

Esto era el día 23 de enero. Tres días antes, Aragonés había hecho el anuncio de que se presentaba como candidato a la reelección, y por tanto no era necesario hacer más especulaciones sobre quién sería el candidato republicano. Todo pensado y preparado, pues, para afrontar el último año de legislatura, con doce meses por delante para tratar de vender al electorado los beneficios de la gestión del mientras tanto. Iba a ser la primera legislatura completa después de muchos mandatos interrumpidos, y eso debía ir ligado a una cierta idea de estabilidad y progreso que debía reflejarse, muy principalmente, en los presupuestos. El apoyo de ERC al PSOE en Madrid, y un trabajo callado, largo y sostenido de negociación, habían hecho posibles unos presupuestos expansivos, con recursos objetivamente más abundantes en todos o casi todos los ámbitos estratégicos. Es significativo que Cultura hubiera llegado al 1,7 del presupuesto: no era tan sólo una buena noticia para quienes trabajamos en este sector. Quería decir que, si había dinero para Cultura, era que los presupuestos debían ser realmente ambiciosos, porque de lo contrario, Cultura es siempre de las primeras áreas en resentirse.

Menos de dos meses más tarde, el 13 de marzo, el propio Aragonés convocaba elecciones. Se había atascado la negociación de los presupuestos en el punto de que nadie esperaba que lo hiciera: el megacasino Hard Rock en el Camp de Tarragona. De hecho, el proyecto ni siquiera tenía ninguna partida asignada a los presupuestos, y es una historia que hace doce años que se arrastra. Pero en una política de gesticulaciones como la que se han acostumbrado a hacer los partidos catalanes, es un buen icono para decir, sin decir nada, qué país se quiere. Podemos discutir tanto como queramos si los comunes tenían razón o no de encerrarse en el no y convertirlo en su línea roja: tanta o tan poca, seguramente, como tenía el PSC de encastillarse en el Hard Rock y hacerlo conditio sine qua non para su sí en los presupuestos. Y tanta o tan poca como tenía Aragonés para convocar elecciones, en vez de trabajar con el presupuesto prorrogado. Mientras, de legislatura completa nada. Hay quien dice que esto se debe al momento de excepcionalidad que vive Cataluña desde el 2017. Es posible. También lo es que el momento de excepcionalidad se convierta en la excusa fácil para esconder cierta desgana, cierta incapacidad de salir de un círculo vicioso.