Un sistema de financiación que castiga a Cataluña
Los datos de la liquidación del sistema de financiación de 2022 vuelven a demostrar que Cataluña es una comunidad especialmente castigada, mientras que otros salen especialmente beneficiados, sin que se sepa por qué. Y es que si en algo coinciden todos los expertos en la materia es que el sistema es opaco y ofrece resultados arbitrarios. ¿Qué dicen exactamente los datos de 2022? Pues que Catalunya fue la tercera comunidad que más aportó a la caja común, 3.565 euros por habitante, y la décima en recibir después en la redistribución, con 3.264, es decir, 300 euros menos per cápita. La situación empeora ostensiblemente si se tiene en cuenta el coste de la vida, ya que según los cálculos del departamento de Economia Catalunya pasaría a disponer del equivalente a 3.043 euros por habitante y sería la decimocuarta de la lista, sólo por encima de la Comunidad de Madrid, que, por el contrario, se beneficia del cariño capitalidad.
El sistema no sólo perjudica a Catalunya, sino que crea situaciones especialmente injustas e incomprensibles. Por ejemplo, Cantabria, que no es una región pobre sino al contrario, ve aumentados sus recursos de los 3.175 euros a los 4.215, y se convierte en la que más tiene, pasando de la quinta posición a la primera. Por contra, la Comunidad Valenciana, que es la novena en aportaciones, se hunde hasta la decimoquinta posición, con 3.054 euros por habitante, 1.161 euros menos que Cantabria. ¿Qué justifica ese desfase? La realidad es que nadie lo sabe ni lo ha sabido contar nunca. El sistema se sostiene porque hay tres comunidades que aportan más de lo que reciben: Cataluña, Madrid y Baleares. Pero si exceptuamos a Baleares por su poco peso demográfico, y también a Madrid porque los beneficios del efecto capital superan en mucho el déficit de la financiación autonómica, vemos que el peso principal recae sobre Catalunya. Y es esa situación insostenible la que ha vuelto a poner en el foco la necesidad de reformar el sistema.
En realidad, sólo que se respetara el principio de ordinalidad –es decir, si eres la tercera en aportar debes ser también la tercera en recibir–, supondría un cambio radical. Pero Catalunya está cansada y quiere salir del régimen común y disponer de la llave de la caja como vascos y navarros, y eso es lo que están negociando estos días ERC y el PSC en el marco de la investidura de Salvador Illa. El deslumbrante se vislumbra complicado porque el PSOE ya ha dejado claro que no quiere que Catalunya tenga un sistema como el del concierto económico, y sólo está dispuesto a explorar las posibilidades del consorcio tributario que prevé el Estatut. Esta posibilidad ha sido ya rechazada por los republicanos, que lo consideran una operación de maquillaje.
En los próximos días saldremos de dudas y veremos, primero, si hay acuerdo o preacuerdo, y después si este acuerdo es validado por las bases de ERC. En el partido son conscientes de que no es el mejor momento para que la militancia avale un pacto con el PSC. Pero lo cierto es que una repetición electoral no sería buena para el país, y menos aún para ERC.
