20 millones para romper Baleares
Dedicar 20 millones de euros a segregar a los alumnos por lengua, como ha decidido hacer el gobierno de las Islas Baleares, es un hecho de una gravedad sin precedentes. Esta expresión (“gravedad sin precedentes”) puede sonar como una frase hecha, pero en este caso es literalmente cierta. No es exagerado decir que es el hecho más grave que ha pasado hasta ahora en la política y el autogobierno de Baleares, y no será porque no le hayan pasado muy graves a lo largo de los últimos cuarenta años.
Hacer políticas activas para segregar a alumnos por lengua es un ataque directo no sólo contra la escuela pública y la lengua catalana, propia de las islas Baleares, sino también contra la propia ciudadanía, a la que se pretende dividir y confrontar. Lo que busca la extrema derecha de Vox, y asume como prioridad el PP, es crear dos poblaciones separadas, que reciban líneas de educación distintas, a partir de la pretensión de que el castellano y el catalán no pueden convivir. Y esta convivencia no es posible, porque, según Vox (y según el PP de Marga Prohens), el castellano es superior al catalán y debe imponerse hasta que el catalán desaparezca. Mientras no lo hace, la lengua y quienes la hablan deben ser segregados, separados, convertidos en externos, dentro de su casa.
Con el tiempo, se pretende establecer la idea de que los que estudien y hagan vida exclusivamente en castellano sean los “normales”, mientras que los demás serían lo que la extrema derecha considera que son: enemigos de la patria y, por tanto , elementos indeseables. En la visión del mundo que Vox y PP comparten, se produce una vinculación directa entre la ideología del ciudadano y la lengua que habla. Quien hable castellano tendrá, en principio, muchos más puntos por ser un buen español. Quien se empeñe en hablar catalán, será sospechoso de ser un elemento subversivo. Vox, con el visto bueno y la colaboración necesaria del PP, ha pasado de proclamar que las comunidades autónomas debían ser suprimidas a utilizar sus instituciones para atacar, con dinero público, la cohesión social.
El PP de Baleares, con Marga Prohens y su equipo a la cabeza, firmó un acuerdo de gobierno con Vox con la convicción de que podrían dominarlos fácilmente. Lo ocurrido ha sido exactamente lo contrario. La ineptitud de Prohens, y de dirigentes como el conseller de Economia, Antoni Costa; el de Educación, Antoni Vera, o el portavoz, Sebastià Sagreras, unida a las instrucciones de la calle Génova (que Prohens sigue a pies juntillas: nunca dice ni una idea propia, todo es argumentario de partido) de mantener como sea el alianza con la extrema derecha, han llevado a esa situación en muy pocos meses. El empeño fanático de los dirigentes de Vox ha hecho el resto. La situación es que ahora nos encontramos a un paso de una quiebra democrática en las instituciones de autogobierno de Baleares, en la que la escuela pública sea utilizada como laboratorio de pruebas de una fractura social impulsada deliberadamente desde el Govern, con consecuencias difíciles de prever. La sociedad civil deberá movilizarse para detenerlo, pero el momento ya está oscuro.
