11/11/2021

7 tesis sobre la normalidad democrática española

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La sede del Tribunal Constitucional.

1. Rey. Juan Carlos I no es solo el rey emérito ni el anterior jefe del Estado. Es también el símbolo de la Transición y del sistema político del 78. El nombre de Juan Carlos I aparece en una Constitución que repite la palabra rey 42 veces. Juan Carlos I evadió impuestos (presuntamente), se enriqueció con comisiones ilegales (presuntamente) y habría recibido trato de favor por parte de las autoridades judiciales españolas (presuntamente). Juan Carlos I se encuentra en Abu Dabi.

2. Poder judicial. El CGPJ tiene el mandato caducado desde hace dos años. Su presidente, Carlos Lesmes, un antiguo alto cargo del PP, ha hecho evidente la existencia de una derecha judicial que opera junto a la derecha política y mediática para atacar al gobierno y en especial a la izquierda que participa en el gobierno. Los nombramientos llevados a cabo con el mandato caducado han preparado el terreno para el dominio de la derecha judicial durante los próximos años y buena parte de los comunicados promovidos por Lesmes contra ministros de Podemos han aclarado cualquier duda sobre las posiciones políticas del presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo.

3. Corrupción. El principal partido de la derecha española es un partido corrupto. A pesar de su peso en la justicia, sus dirigentes y el propio partido han sido condenados hasta la saciedad por los tribunales. La financiación ilegal ha sido el mecanismo por el que el PP ha podido hacer trampas en numerosos procesos electorales al acudir dopado. Las donaciones ilegales de grandes empresarios al PP a cambio de concesiones administrativas son una realidad reconocida y demostrada. Las puertas giratorias que permiten a las empresas estratégicas comprar la influencia de ex políticos para proteger sus intereses han seguido funcionando a pleno rendimiento en los últimos años. La financiación de los grandes partidos políticos de ámbito estatal, con la excepción de Podemos, depende de los bancos.

4. Ultraderecha. La reacción política, mediática y judicial al independentismo catalán y a Podemos ha tenido un producto político genuino: una ultraderecha neoliberal y españolista que hoy es condición de posibilidad para que el PP vuelva a gobernar en España. Se trata de una formación que reivindica abiertamente el franquismo, que promueve la ilegalización de los partidos de izquierdas, que no considera legítimo al actual gobierno y que se ha mostrado favorable a los mecanismos ilegales que sean necesarios para hacer caer al gobierno.

5. Brigada patriótica. Ha quedado demostrada, tanto en sede judicial como parlamentaria, la existencia de grupos operativos irregulares de funcionarios dirigidos por altos mandos policiales. A veces han actuado por su cuenta y a veces bajo las órdenes de ministros del PP pero siempre en la misma dirección: perseguir ilegalmente y tratar de fabricar pruebas o noticas para desprestigiar a los adversarios de la derecha (Podemos y los independentistas) o para intimidar a los “arrepentidos” de la propia derecha. El comisario Villarejo, paradigma de las cloacas policiales en España, ha reconocido en el Parlamento la existencia de grupos preparados incluso para matar.

6. Poder mediático. La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en España y el carácter mayoritariamente conservador de sus propietarios hace que la correlación mediática de fuerzas sea abrumadoramente favorable a la derecha españolista. La normalización de la mentira y los bulos en los últimos tiempos, como instrumentos de combate ideológico contra la izquierda, ha hecho de las reglas deontológicas del periodismo la excepción antes que la regla.

7. 'Lawfare'. Si hay autoridades judiciales que no actúan movidas por la salvaguarda de la ley y el derecho sino con la evidente voluntad de perseguir o desgastar a un actor político hay lawfare. Para muchos juristas parece evidente que ha existido y existe lawfare contra Podemos y contra los independentistas catalanes y vascos. No hablamos solo de la persecución o las medidas ejemplarizantes contra músicos o artistas de izquierdas, hablamos de acciones contra fuerzas políticas determinantes para la gobernabilidad del país. El lawfare destruye uno de los fundamentos formales más importantes de la democracia: la independencia judicial.

Coda: ¿Acierta Yolanda Díaz pactando con PP y PSOE la renovación del Tribunal Constitucional aun a pesar de que ello implique votar a los candidatos del PP? ¿Acertaría pactando la renovación del CGPJ con la derecha toda vez que el PSOE ha renunciado a cambiar el sistema de elección para evitar el veto del PP? A la vista de la normalidad democrática española pienso que sí. Sobre cualquier candidato propuesto por el PP para ocupar una posición en las altas magistraturas recaerá siempre la sospecha de connivencia con los corruptos o de corrupción directa. Comprendo y comparto las reticencias y la náusea moral que produce pero, a la vista del proceso de involución que impulsan todos los poderes reaccionarios, cualquier barrera democrática que pueda erigirse frente a la eventual voluntad política reaccionaria de las altas magistraturas del Estado parece una medida de autodefensa razonable.

Pablo Iglesias es doctor en ciencias políticas por la Universidad Complutense de Madrid, ex secretario general de Podemos y ex vicepresidente segundo del gobierno español
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