El lunes Francia introdujo el derecho al aborto en su Constitución, un movimiento que logró apoyo transversalmente en muchos partidos de ambas cámaras a pesar de algunas reservas. De los 902 parlamentarios franceses, 780 votaron a favor del proyecto de ley, 72 votaron en contra y 50 se abstuvieron, durante la sesión extraordinaria de votación en Versalles. Aunque la izquierda francesa llevaba años deseando añadir una salvaguarda constitucional al aborto, hasta el 2022 la mayoría parlamentaria consideraba esta medida innecesaria por las garantías existentes para las mujeres francesas que querían abortar. Desgraciadamente, el retroceso de derechos de las mujeres en general y en particular la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar a Roe v. Wade, dando luz verde a los estados individuales para prohibir el procedimiento, ha promovido la reforma constitucional francesa.
La reforma francesa llega pocos meses antes de las próximas elecciones europeas, previstas para el primer fin de semana de junio. Las previsiones de momento hablan del refuerzo de los partidos conservadores y de derecha extrema en el Parlamento Europeo, lo que tendría un efecto negativo para la garantía de los derechos de las mujeres dentro de la UE y en el exterior. En los últimos años hemos visto cómo han aumentado los impedimentos y restricciones a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en algunos países comunitarios, como Polonia y Malta. En el país centroeuropeo se están vulnerando no sólo los derechos de sus ciudadanas, sino de otras mujeres, como las ucranianas que huyen de la guerra tras sufrir agresiones sexuales y que no pueden abortar al atravesar la frontera. Ante este escenario, la UE debe poder garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las europeas y su voluntad de abortar en caso de que lo deseen. Siguiendo la decisión de Francia, el derecho al aborto debería incluirse en la Carta Europea de Derechos fundamentales. Esto impediría que individualmente los Estados miembros de la UE pudieran limitar los derechos de las mujeres residentes en su territorio y daría a la Comisión Europea, como garante de los tratados, capacidad de supervisión y control de aplicación. Si una autoridad nacional incumple los derechos de la Carta al aplicar el derecho de la UE, los jueces nacionales (bajo la guía del Tribunal de Justicia de la UE si fuera necesario) tienen el poder de garantizar que se respete.
Sin olvidar el objetivo último de incluir el aborto en la Carta, la Comisión Europea puede avanzar en otras iniciativas. Es importante que se promueva legislación europea que obligue a los Estados miembros a eliminar el aborto de su legislación penal y que asegure que un aborto no puede tener consecuencias criminales. Sin embargo, la UE debería formular unas normas aplicables a todos los estados miembros de cómo garantizar el derecho al aborto, de acuerdo con las nuevas recomendaciones de la OMS, de 2022. Los derechos no sólo se deben tener formalmente, sino que se debe poder disfrutar con garantías. Ya es conocido como en nuestro país muchas mujeres deben cambiar de ciudad e incluso de provincia para poder abortar. En países como Italia aproximadamente el 70% de los ginecólogos y ginecólogas son objetores de conciencia para una intervención abortiva, lo que dificulta muchísimo el acceso a este derecho. La UE debe servir como garante para que las mujeres puedan acceder a un aborto en las condiciones y con la seguridad necesarias.
Todas estas reformas y mejoras serían de más fácil aplicación si la UE y sus estados miembros pusieran en marcha su teórico compromiso con el gender mainstreaming (la transversalidad de género), que implica la aplicación de una perspectiva de igualdad de género en cada fase del ciclo legislativo, así como en todas las áreas dentro de las políticas y procesos, tales como la contratación o el presupuesto comunitario. La distancia entre los compromisos formales y la realidad puede crecer aún más si en las próximas elecciones al Parlamento Europeo los partidos conservadores amplían su mayoría. Es importante que las fuerzas progresistas tengan unos buenos resultados este mes de junio para que los derechos de las mujeres avancen y para que la UE pueda servir de garante frente a gobiernos nacionales que han puesto a las mujeres y sus derechos a la diana. Dependerá también ya que todas vamos a votar.
