Ya hace tiempo que la reforma de la administración tiene su espacio en la mayoría de programas electorales, si bien es una materia que no levanta pasiones, sobre la que la ciudadanía nunca ha mostrado un interés especial, quizá por escepticismo. Hoy todo programa electoral que se precie dedica un apartado, con una récula de proclamas y recomendaciones. El denominador común del reclamo sobre la reforma tiende a la grandilocuencia, con mensajes que buscan trascender, pero que al final son traicionados con acciones pirotécnicas y medidas superficiales que de costumbre no superan la retórica. Todo esto hace muy difícil descubrir ejemplos palmarios que confirmen su incorporación real en las agendas de los diferentes gobiernos. De hecho, contrariamente a lo que ha sucedido en países que se han tomado en serio el tema, en Cataluña no encontramos ningún candidato que haya llegado a la presidencia de la Generalitat haciendo manifestación explícita y firme de su compromiso personal con la reforma de lo público .
A la hora de la verdad, la reforma a menudo se ha acabado abordando con la fácil iteración del recurso a personas expertas, a través de la constitución del comité asesor de turno que, pasado un tiempo, entrega un informe al gobierno que le ha hecho el encargo, donde encontramos una diagnosis brillante sobre las patologías que afectan a la administración y un recetario dirigido a sanarla. Es así que hemos conocido informes de CAREC, después CAPEC, CATN, CERAPSP, CEC... por citar una mínima muestra, y de los que se puede saber la naturaleza si se escribe el acrónimo acompañado de Gencat en Google. Y todos estos órganos tienen su minuto de gloria en las ruedas de prensa que se celebran los martes para informar de las reuniones del Gobierno, cuando se da noticia de que éste ha recibido el informe pertinente, y una vez apagado el fuego de virutas es normal que el documento muera y descanse en paz. La operativa de llamar a la academia a hacer informes, más los artículos publicados y las entrevistas concedidas por especialistas, y los powerpoints que el propio Gobierno presenta para hacer ver que cree, ha dado como resultado una despensa predictiva ufana que ha llenado baldas de librerías rellenas de dictámenes y prescripciones, que han servido de alimento para relatos interesados, pero que casi nunca se han traducido en realidades tangibles.
Ante esto, las entidades donde la investigación y el estudio son sustituidos por la experiencia y el dominio de habilidades relacionadas con los puestos de trabajo del servicio público que ocupan o han ocupado las personas que forman parte, lo que se conoce como practitioners, y los demás organismos que constituyen el Foro de Entidades para la Reforma de la Administración (FERA), creemos que se ha hablado lo suficiente de la reforma pero que se ha hecho muy poco.
En consecuencia, reclamamos al Gobierno que surja de las elecciones del 12 de mayo que cree la Mesa de Evaluación y Seguimiento de la Reforma de las Administraciones Públicas (TASRAP), para que se evalúe el seguimiento, el grado de implementación y el impacto generado por las medidas que impulse el propio ejecutivo. La vigencia de la TASRAP debe prolongarse durante toda la legislatura, y debe estar presidida por quien sea titular del departamento de la Presidencia y debe reunir los órganos que designe el Gobierno y un número igual de representantes del FERA que n asegure la composición paritaria. Entendemos que hay que dar la vuelta al tratamiento que, hasta ahora, ha recibido la reforma para que sea efectiva con el gobierno abierto, a través de la participación ciudadana y la transparencia, es decir, a través de la disposición de los poderes públicos a escuchar activamente las propuestas aportadas por una ciudadanía informada –con la libertad de asumirlas o no, sin descuidar la obligación de motivar sus decisiones– y haciendo que sobre la actividad de la TASRAP se pongan luz y redes, dando por hecho que , con la administración digital, los taquígrafos han quedado amortizados.
