La amnistía en Europa: recuperando la política frente a los jueces
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de sentenciar que la ley de amnistía no es contraria al derecho europeo. Es una decisión extremadamente trascendente. Desmonta los argumentos de quienes la presentaban como un atentado contra el Estado de Derecho y sobre todo, pone en evidencia el sectarismo de los jueces y políticos de derechas que, no contentos con oponerse a la amnistía, la presentaban como un dislate jurídico impropio de un país democrático. En última instancia, el Tribunal de Luxemburgo vuelve a situar la discusión en sus justos términos: como tantas otras medidas políticas, uno puede estar de acuerdo o en contra de no dejar de perseguir judicialmente el proces.
Pocas cosas han hecho tanto daño al debate territorial, y a nuestra democracia, como la idea de que todo lo que no le gusta a un bando es ilegal y está prohibido. Esa manía de judicializar las discusiones políticas para silenciar al contrario viene a negar la esencia misma de la democracia. Ésta debe ser un marco cuyo desarrollo puede hacerse mediante enfoques ideológicos muy distintos. El pluralismo implica que sea la ciudadanía —y no los jueces— la que, tras los debates pertinentes, oriente las decisiones políticas.
La sentencia tiene su origen en sendas cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los argumentos invocados eran de una simpleza impropia incluso para un estudiante de derecho. Una decía que la Unión Europea obliga a perseguir siempre y en todo momento los delitos graves sin que quepa perdonarlos. La otra llegaba a argumentar que si Cataluña fuera independiente, eso reduciría los ingresos de la Unión Europea al disminuir la recaudación. Los jueces de Luxemburgo, ajenos a la polarización política de los españoles, apenas han necesitado argumentar para rebatir todo esto.
En efecto, leyendo la sentencia es fácil sentir que la judicatura española ha emprendido una cruzada por la unidad de España en la que sus miembros asumen el papel de guerreros de la cristiandad. Se echaron a la calle con sus togas, haciendo ostentación de su condición de poder del Estado, para defender su modelo unitario e inflexible de país. Detrás de esa rabia judicial contra la amnistía hay una feroz resistencia a perder el control de la reacción estatal frente al independentismo. Quieren ser ellos quienes decidan qué hacer con los líderes y activistas catalanes (básicamente, meterlos en la cárcel por delitos más o menos inventados) y no soportan la idea de una solución política o negociada.
La ven como una traición porque devuelve a la política algo que estaba en sus manos. Cuando intentan articular jurídicamente ese rechazo visceral, se les ve el plumero. Sus argumentos jurídicos contra la amnistía son un intento de revestir de derecho su posicionamiento político. Por eso vemos cómo sucesivas instancias superiores, esencialmente internacionales, los desmontan sin esfuerzo alguno.
Inmediatamente algunas asociaciones judiciales españolas han salido a criticar la decisión europea y a reivindicar su poder de interpretar la ley de amnistía como les plazca. Se ve que no tienen propósito de enmienda.
Más allá, la sentencia lanza un poderoso mensaje: ante un conflicto social relacionado con la integridad territorial de un Estado tan legítimo es optar por la reacción judicial como por una solución política. La amnistía es un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social mayor. Sirve para reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación. Decidir si procede o no es una cuestión exclusivamente política que depende de las mayorías sociales e institucionales. No está en manos de los jueces.
