El magistrado del TJUE que ha dado voz al aval de la justicia europea a la amnistía ha mencionado el propósito de reconciliación que lo animaba. Ha sonado prometedor, esperanzado, deseable. Pero el poder judicial ya ha emitido suficientes señales de que, en el caso del Procés, reconciliación rima con prisión. La justicia europea le ha señalado a la española que no hay más camino que la amnistía y, en cambio, ya veremos cuándo vuelve Carles Puigdemont o se habilita Oriol Junqueras. El contraste es tan descarado que un ministro socialista español ha llegado a afirmar que “no estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, llegara a todas las instituciones del Estado”. Claro que el ministro de Cercanías habla por la herida de las imputaciones a la familia de Pedro Sánchez, no por las del Procés, y que solo es un aliado de la causa del sentido más elemental de la justicia por pura necesidad de supervivencia política. No es nada nuevo: juzgaron a los presos políticos por rebelión, fueron condenados por sedición y han pasado más de dos años sin aplicarles la amnistía por un delirante delito de malversación y de terrorismo para los CDR. Poca reconciliación habrá aquí.
En términos políticos, el olvido penal no debe significar el olvido de un proyecto. Catalunya no dispone de la soberanía que necesita para defender el bienestar presente y futuro de su gente, ni su lengua ni su cultura. Por no tener, no tiene ni el Estatut que la gente votó. Cualquier reconciliación digna de este nombre debería permitir un diálogo sin histerias electorales sobre cómo dar salida a las demandas mayoritarias en Catalunya. Pero con un gobierno PP-Vox en el horizonte, reconciliación rima con ilegalización.
Europa ha dicho a España que deje de poner trabas y aproveche esta oportunidad de vivir decentemente. Por desgracia, los tiempos políticos no van por ahí.
