La propuesta de ampliación del aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat vuelve a poner en peligro uno de los espacios naturales más frágiles y valiosos de Catalunya: el delta del Llobregat. Ante el anuncio hecho esta semana por AENA y la Generalitat, es necesario oponerse frontalmente a cualquier proyecto que implique una nueva afectación a este entorno, especialmente mientras España tiene abierto un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea (caso EU-Pilot 5866/13/ENVI) por la gestión deficiente de este espacio.
El delta del Llobregat, declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y reconocido como Important Bird Area (IBA), ha sufrido décadas de degradación provocada por infraestructuras, urbanización e inacción administrativa. La ampliación del aeropuerto de 2002 ya tuvo consecuencias ambientales graves. Según la Comisión Europea, el Estado no evitó el deterioro de los valores naturales, no valoró adecuadamente los impactos acumulativos de proyectos adyacentes e incumplió las medidas compensatorias pactadas.
Pese a estos antecedentes y al incumplimiento reiterado de las obligaciones ambientales, las autoridades vuelven a poner sobre la mesa una ampliación que afectaría, directa o indirectamente, a espacios protegidos de la Red Natura 2000. Y lo hacen sin haber resuelto los déficits anteriores, sin haber desplegado íntegramente el plan. Es inadmisible que se plantee cualquier nueva intervención antes de que se cierre el expediente europeo y se demuestre una recuperación sostenida de las poblaciones de aves protegidas. Incluso están pendientes, aún, medidas compensatorias correspondientes a la anterior ampliación del aeropuerto. Por todo ello, el proyecto anunciado está fuera de sitio.
La propuesta actual incorpora supuestas mejoras ambientales, como un ratio de compensación de 1:10 para hábitats de interés comunitario y una intervención "optimizada" sobre la pista 06R/24L. Sin embargo, el marco europeo está claro: cualquier afectación a espacios Natura 2000 solo puede justificarse por razones imperiosas de interés público y después de haber descartado todas las alternativas. Y en ningún caso puede basarse en el argumento de compensar una destrucción futura cuando las compensaciones pasadas no se han cumplido.
La prioridad debe ser revertir la pérdida de biodiversidad. La ampliación de la ZEPA prevista por la Generalitat en julio del 2024 puede ser un primer paso, pero hace falta mucho más. La protección del delta debe ser efectiva y garantizada, no una promesa condicionada al desarrollo de infraestructuras. Es imprescindible aplicar el principio de precaución: ningún nuevo proyecto debería ver la luz hasta que no se haya restaurado el equilibrio ecológico del delta y se haya asegurado el futuro de sus aves y hábitats.
Los espacios de la Red Natura 2000 no pueden estar supeditados a intereses económicos. Su conservación debe responder a criterios estrictamente ecológicos. Cualquier otra vía supone repetir errores del pasado y poner en juego un patrimonio natural que no podemos permitirnos perder.
