El análisis de Antoni Bassas: 'Juvillà pierde el escaño y no habrá desobediencia'

El Parlament no desobedecerá la resolución de la Junta Electoral Central de retirarle el escaño al diputado Pau Juvillà. La presidenta Borràs no desobedecerá. Ni Junts, ni Esquerra ni la CUP. 

Los tres partidos independentistas de la cámara admitieron ayer por escrito que no hará falta una sentencia firme del Tribunal Supremo para perder el acta. Así pues, la fuerza de la ley, la fuerza coercitiva de la ley, se ha impuesto: quien desobedece se expone a quedar inhabilitado y a perder el trabajo. O el cargo. Y a desobedecer no está dispuesto nadie de los que he denominado hace un momento. Pero no lo admiten, al menos por escrito, porque ayer, en el dictamen que aprobaron, dicen:

Pero este motivo, la protección de los funcionarios, es una parte de la verdad, pero no toda la verdad. Es una parte de la verdad porque hay hasta diez funcionarios, empezando por la secretaria general, que tienen que ver con el pago de la nómina a Juvillà. Si le pagan, están desobedeciendo. Y no quieren desobedecer. La presidenta y la mayoría de la mesa no les forzará a hacerlo. Pero descargar en la protección de los funcionarios la razón por la cual no se quiere desobedecer no es toda la verdad. Los cargos electos independentistas no quieren que la desobediencia se los lleve. De hecho, ayer le preguntaron a Jaume Alonso-Cuevillas, redactor del dictamen, si Juvillà continuaba siendo diputado. “La cámara no puede garantizar la eficacia de todos los actos que comporta el ejercicio de este derecho”. Ni siquiera le puede garantizar que mantendrá el teléfono móvil. Por eso el mismo Cuevillas admitía: “No es el documento jurídico del que estoy más orgulloso”.

El resultado es que Juvillà ha perdido el escaño. El resultado de la protección de los derechos del diputado que ha ofrecido la presidenta Borràs no ha acabado siendo muy diferente de la que el president Torrent ofreció al escaño de diputado del president Torra. El relato de que Junts iba más lejos que ERC a la hora de hacer frente al Estado aquí no ha funcionado, y se ha acabado imponiendo la sórdida realidad. Sórdida porque es un escándalo que la Junta Electoral aparte a un cargo elegido a las urnas por no haber retirado un lazo amarillo cuando ni siquiera era diputado. ¿Ha ganado la fuerza coercitiva de la ley? No exactamente. Ha ganado una interpretación de la ley en contra del independentismo catalán, pura y simplemente. Este es el escándalo.

Algunos dicen que el escándalo es que la presidenta Borràs quisiera paralizar el Parlament. No. Si tenemos que poner los escándalos por orden de importancia, el más grave es el de la Junta Electoral. La paralización del Parlament es un hecho grave, es un tipo de autosuspensión de la soberanía y, ahora lo sabemos, era la manera más vistosa de protestar pero sin arriesgar nada más. El independentismo –en este caso, la presidenta Borràs– ha vuelto a acatar la ley.

No se trata de pinchar a nadie, sino de constatar dónde estamos, sin que la sobreactuación nos haga perder la realidad de vista.

La desobediencia puede ser personal (y ya sabes a lo que te expones) o puede ser colectiva, y la una alimenta a la otra. Pero la desunión constante de los partidos independentistas, la represión del Estado, la pandemia… han hecho inviable un clima de desobediencia generalizado como el que se vivió el 1 de Octubre, el 3 de Octubre o con el Tsunami. La distancia entre los discursos de firmeza independentistas y la realidad se ha hecho insoportable para muchos independentistas. Solo con nuevas y verdaderas muestras de generosidad y entendimiento entre los partidos independentistas que encomienden la gente tendría algún sentido plantearse la desobediencia. Pero no estamos allí. Y por eso Juvillà perderá su escaño, los ciudadanos perderemos un cargo electo en las urnas y no pasará nada.

Un recuerdo para los exiliados y para los represaliados. Y que tengamos un buen día.