El análisis de Antoni Bassas: ''Sí, revancha y venganza"

Hay que admitir que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene un problema gordo con los indultos que piensa otorgar a los presos políticos. Primero fue la Abogacía del Estado, que cuando tuvo que hacer el informe echó pelotas fuera y no se quiso mojar sobre la conveniencia de conceder la gracia. Después vino la Fiscalía del Tribunal Supremo (los que querían condenar por rebelión, o sea, por alzamiento armado), que dio con la condena por sedición, y obviamente se expresó contraria a los indultos.

Y ayer fue la sala segunda del Tribunal Supremo, la que preside Manuel Marchena (aquella que según el senador del PP Cosidó se puede controlar desde atrás). Marchena no dejó piedra sobre piedra: que no hay arrepentimiento (cita a Jordi Cuixart con “Lo volveremos a hacer”), que las penas de entre 9 y 13 años de prisión no son “desproporcionadas”, y le deja un recado a Pedro Sánchez porque viene a decir que si da los indultos es porque necesita los votos de Esquerra Republicana para continuar gobernando: “Algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente los líderes políticos de los partidos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del gobierno que tiene que decidir sobre el derecho de gracia”. Es decir, Oriol Junqueras. O sea, el Tribunal Supremo dice: “Españoles de buena fe, tenéis un presidente que no mira por España, sino que mira por mantenerse en el poder".

Esta es la letra. La música la acabó de poner ayer el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes.

¿Quién la mide, la concordia? ¿Cómo se mide? ¿De acuerdo con qué estaba hecha la acusación de la Fiscalía, sino con los informes de la Guardia Civil que hablaban de las “miradas de odio” de los votantes del 1 de Octubre y las comparaciones con el País Vasco? ¿Fue concordia dejar un coche patrulla cargado con armas y abierto? ¿Era concordia ir gritando “¡A por ellos!”? 

Felipe González, que ayer, casualmente, estaba en el programa de Antena 3 El hormiguero, se mostró en contra de los indultos, a pesar de que al final hizo una precisión:

Hombre, que hable de no conceder los indultos el presidente que indultó a los militares del 23-F, o Aznar, que indultó al ministro Barrionuevo y al secretario de estado Vera, que estaban en la prisión como integrantes de los GAL, el terrorismo de estado contra ETA, no es muy decoroso. 

Claro, lo que los jueces no pueden sufrir es que Pedro Sánchez argumente los indultos porque no quiere revancha ni venganza. Los jueces del Supremo no se sienten como unos vengadores, más bien disimulan y hacen ver que son unos juristas imparciales aplicando la ley vigente. Todo el mundo sabe, ellos los primeros, que les gusta aparecer como el último dique de contención por la unidad de España. Y por eso, como explica Ernesto Ekaizer, el informe del Tribunal ya elabora el guion del recurso que podrá presentar la sala tercera del Supremo contra la decisión de Sánchez.

Si quieren una aproximación más técnica al problema, les recomendamos el artículo de Esther Giménez-Salinas, catedrática de justicia social, que escribe: “Aquí hay un punto importante que el Tribunal no menciona, y es la ausencia de violencia en los hechos descritos, motivo por el cual se descartó una condena por rebelión. No menos importante sería la dificultad de interpretación del tipo de sedición dada su indeterminación. Pero donde a mí me parece que no puede haber dudas es en el principio de proporcionalidad. Me da miedo, me escandaliza y me entristece que se trate con ligereza unas penas que superan una década de la vida de una persona en prisión. Finalmente, en el último párrafo del informe la sala de lo penal del Supremo apunta a la idea que rechaza el indulto porque considera que han fracasado los objetivos de reinserción. Una ocasión perdida no solo para cambiar el lenguaje y la distancia (que también), sino también para hacer una aproximación a una idea de justicia más próxima, compasiva, reparadora e integradora en una sociedad cambiante y plural”.

Dice el informe de Marchena que los hechos de octubre de 2017 no fueron solo un problema de orden público. Es verdad. El Govern habría tenido que enfrentarse más bien a una acusación de desobediencia. Pero no a una de sedición, penada con hasta 13 años de prisión.

Este lío de los indultos es la continuación del error de querer encontrar la solución a un problema político en el Código Penal. Y por eso no nos entendemos con las palabras. Porque tuvieron que buscar un delito que encajara a golpes de martillo en una manifestación como la del 20-S o en el 1 de Octubre, y como incluso Marchena no se atrevió a calificarlo de rebelión, porque no hubo armas, se tuvieron que idear el de sedición, que no se sostiene técnicamente. Después argumentan que no hay arrepentimiento, como si Cuixart, Sánchez, Forcadell y los miembros del Govern fueran malhechores, como si hubiera que reinsertarlos en la sociedad después de recibir unos cursos de reeducación constitucional, como si no hubiera habido más de dos millones de personas que participaron activa y libremente en los actos juzgados. Y por eso se acogen al “Lo volveremos a hacer”. 

Miren, para la justicia española está en juego el principio de autoridad, el mandato del rey del 3 de Octubre y, sobre todo, muy importante, escarmentar a toda la sociedad catalana. Que ni se lo piense, el volverlo a hacer. Y por eso a Sánchez le espera un suplicio político y mediático.

Nuestro reconocimiento para los que trabajan en primera línea contra el covid-19, un recuerdo para los que sufren, para los presos políticos, para los exiliados, y que tengamos un buen día.