El paso de la DANA por Valencia deja detrás suyo no sólo vidas humanas, miles de viviendas, coches e infraestructuras destrozadas y muchas localidades que tendrán que reconstruirse, sino también la sensación, para muchos, de la falta de protección y respuesta por parte del estado. Es un sentimiento de orfandad explicado por la inexperiencia –y por la incompetencia– en la gestión de catástrofes similares, la gestión –y confusión– de las competencias por niveles de gobierno y, sobre todo por la lucha de egos políticos, que han priorizado su imagen pública por encima de una imprescindible actuación discreta en estos casos.
Pero si bien la gestión de la crisis en los primeros momentos es más que criticable y deberá ser analizada y evaluada los meses que vienen, la respuesta a las consecuencias económicas y laborales de la DANA ha supuesto un gran cambio en comparación con tragedias anteriores. Desde el Gobierno central se ha activado un paquete de respuesta inmediata, con un valor global de más de 10.000 millones de euros, que se destinará principalmente a ayuntamientos, empresas y residentes de casi cien municipios afectados por la DANA. Se incluyen acciones como ayudas directas a las familias afectadas, un aumento de las cuantías del ingreso mínimo vital o las pensiones no contributivas, o la exención del pago de impuestos como el IRPF, el IBI o el IVA . Y un “escudo laboral” que incluirá ERTO por fuerza mayor y cese de actividad para autónomos, así como permisos retribuidos y no recuperables para el cuidado de familiares afectados. Por su parte, la Generalitat Valenciana también ha anunciado diversas medidas, como 250 millones de euros para pagar 6.000 euros a los afectados, de forma directa y sin burocracia.
Los planes de respuesta inmediata aplicados a otros países, después de desastres naturales como la DANA, muestran cómo garantizar la estabilidad de ingresos de las familias y sus trabajos ayudan a mitigar el impacto económico y social de una desgracia . En España tradicionalmente no ha habido mecanismos de protección específicos que permitan una rápida y estructurada respuesta. Pero la pandemia de la Covid-19 supuso un punto de inflexión. A diferencia de la actuación en crisis anteriores, como la del 2008, la respuesta de la administración, mutualizando los riesgos y mancomunando los costes de la crisis, hizo que la economía española pudiera rehacerse más rápidamente del choque de la pandemia . Un ejemplo fueron los ERTO, destacados por la OCDE como una buena práctica para la recuperación económica después de una crisis.
Ahora es necesario consolidar y formalizar estas medidas, en previsión de que fenómenos naturales similares puedan ser cada vez más frecuentes. Es necesario simplificar los procedimientos de solicitud en un sistema altamente burocratizado, y en un contexto en el que los problemas de comunicación y la falta de documentación pueden dificultar procesos que normalmente ya son complicados. Es necesario trabajar para mejorar los sistemas de información, para poder automatizar el máximo de procesos posibles, y fortalecer la colaboración entre diferentes niveles de gobierno. Y también, es necesario garantizar la evaluación constante de estas ayudas y mecanismos para garantizar su efectividad y reducir los cuellos de botella.
Dar una respuesta rápida y efectiva en el ámbito administrativo y laboral en el contexto de la DANA supone no únicamente reducir el impacto económico que esta catástrofe pueda tener a largo plazo, sino contribuir también a restaurar y fortalecer la confianza que la ciudadanía tiene en el sistema político en su conjunto, si queremos que después de la tormenta venga la calma y no la antipolítica.
