Junts per Catalunya ha asumido un riesgo notable tumbando la propuesta estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Los riesgos son necesarios en momentos de debilidad o indefinición, y es evidente que el partido de Puigdemont se encuentra en la imperiosa urgencia de obtener visibilidad y marcar perfil propio. Sin duda, lo ha logrado; lo que está por ver es si el riesgo habrá merecido la pena. Cabe recordar que, según el último sondeo del CEO, el 70% de los votantes de Junts estaban a favor de la reducción de jornada, en un momento en el que la percepción dominante es que, si bien la economía española va razonablemente bien, esta bonanza no extiende sus efectos a la mayoría de la población.
Cabe recordar también que Junts, con su voto, ha infligido al gobierno español una derrota sonora en un momento de máxima debilidad de Pedro Sánchez, y lo ha hecho votando junto al PP y Vox, lo que en Catalunya siempre tiene un coste reputacional, al menos en el ámbito del independentismo.
Seguro que Junts ha tenido en cuenta esta reflexión, pero le ha pesado más la necesidad de recuperar el apoyo de la pequeña y mediana empresa, que durante décadas fue fiel a CiU, y también el afán de Puigdemont de asumir el papel de valedor de los intereses patronales que desde el Procés ha ejercido el PSC (situándose claramente a la derecha del PSOE, tanto en su programa como en su talante). Todo ello, combinado con el giro conservador del cuerpo electoral catalán –y, más concretamente, la emergencia de la extrema derecha independentista–, explica, en gran medida, el comportamiento de Junts. Parece que el 2017 queda lejos, y que el independentismo transversal ya no es suficiente: todos los partidos –Junts también– necesitan instalarse en cierto nicho ideológico como campamento base.
Hay, sin embargo, razones de orden táctico en este voto negativo. La indolencia del PSOE en el debate demuestra que el apoyo (o no) de Junts a los presupuestos del 2026 está ya sobre la mesa. El PSOE ha evitado cerrar filas con una vicepresidenta que lleva plomo en las alas, y en la discreta intervención de su portavoz parlamentario todas las críticas se dirigieron al PP y Vox. Fueron la propia Yolanda Díaz y Gabriel Rufián quienes cargaron contra Junts, mientras Míriam Nogueras hablaba de no confundir a grandes empresarios con peluqueras y autónomos, y dibujaba una Catalunya menestral, de casita y huerto, tan extemporánea como la "lucha de clases" que evocó la vicepresidenta en su apasionada réplica.
No debemos olvidar, hablando de la agenda política de Junts, que la marca catalana de Sumar, es decir los Comuns, también acusarán el golpe, y son el principal apoyo de Salvador Illa. Junts ha visto la oportunidad de atacar a un enemigo político por el que guarda un gran resentimiento desde que Ada Colau (junto con el PP) regaló la alcaldía de Barcelona a los socialistas mientras el candidato ganador, Xavier Trias, exclamaba a su célebre "que os den a todos".
Todo esto, sin embargo, afecta a los partidos. El resultado concreto es que la reducción de la jornada laboral tendrá que esperar, aunque en los países más prósperos de Europa empieza a ser una realidad sin necesidad de ley alguna. Nos debería preocupar la satisfacción de Foment del Treball por haber logrado hacer tumbar una medida que, bien negociada, graduada y complementada, habría producido un beneficio objetivo para miles de trabajadores, pudiendo favorecer que el tejido empresarial se espabilara en el camino de la optimización de recursos y de la productividad.
