Algunos patriotas constitucionales simulan que se escandalizan porque, dicen, el rey de España, como jefe del Estado, no debería sentarse junto a un fiscal general imputado en un proceso judicial, como sucederá este viernes en el acto de apertura del año judicial en España. Pueden relajarse estos patriotas, porque de hecho el propio rey no parece preocuparse tanto como ellos por las compañías con las que se sienta y se hace fotos. Esta misma semana se ha retratado, mejor dicho, con Eduardo Inda, uno de los personajes más vergonzosos de la vida pública española, y eso que esta es una liga muy disputada.
Hace tiempo, en efecto, que Felipe VI no se molesta en disimular sus simpatías ideológicas por la derecha ultranacionalista. Tampoco se ha esforzado nunca en disimular una parte mayoritaria de la cúpula judicial española. No hace tantos años había plena sintonía con el poder judicial y el legislativo, porque ambos luchaban contra lo que llamaron el golpe de estado independentista, y entonces sí que ese mismo acto (la apertura del año judicial) iba como una seda. Todo eran invocaciones a la indisoluble unidad de la patria española, ya nadie se le ocurrió investigar al entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, cuando fue reprobado por el Congreso como encubridor del fiscal Manuel Moix, que tenía una sociedad fraudulenta en Panamá. O cuando Maza presentó una querella contra el gobierno de Carles Puigdemont con un título tan imparcial como "Más dura será la caída”. Por el contrario, la imputación contra el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, por un supuesto delito de revelación de secretos desprende un fuerte hedor de chamuscado, explícitamente descrito en el voto particular del magistrado del Supremo Andrés Palomo, con un redactado bastante más largo y minucioso que el escrito inculpatorio.
El revuelo y la crispación en esta apertura del año judicial no esconden, sin embargo, la vigencia del acuerdo total entre las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, el PP y Vox. Que los jueces hacen política en España no es ninguna novedad, sólo que, dicho por un presidente del gobierno sitiado como Sánchez, toma otra dimensión y se convierte también en munición contra él. No hay ninguna disimulación en la voluntad de derribar a este presidente y la odiada mayoría que le mantiene en el poder. Para ello, la derecha política, judicial y mediática ha decidido recurrir a la caza con muérdago, que es aquella con la que se para una trampa untada con pega, para que el pájaro quede enganchado y no pueda salir de ella. La embestida contra Sánchez es untosa y tóxica; lo que sus autores no se detienen a pensar (o, si lo piensan, les es indiferente) es que la embadurnada sea tan intensa que las instituciones que dicen defender ya no se limpien nunca. ¿Las voces críticas? La respuesta la resumió, ufano, quien fue presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, hace ya un par de años: "¡Déjennos en paz!" Acostumbrarse a tratar a las instituciones públicas como el propio cortijo tiene estas consecuencias.
