1. Encallados. A pesar de la apariencia anodina del ritual de aniversario, la celebración de los 43 años de la Constitución del 78 ha venido cargada de malos agüeros. ¿Cuál ha sido la noticia? Se ha confirmado lo que ya sabíamos. No hay la más mínima disposición de adaptar la Constitución a una nueva realidad muy diferente de aquella en la que nació. La izquierda no ha conseguido invertir las relaciones de fuerzas y la derecha no tiene otra estrategia que bloquear cualquier propuesta de renovación que no vaya en la línea regresiva de bloqueo y confrontación que ha hecho suya. La entronización del estancamiento.
Pedro Sánchez ha abandonado rápidamente sus promesas de reforma constitucional. Y se ha limitado a exigir a la derecha “cuidarla y cumplirla”. Pero cuidarla es reformarla: adaptarla a las nuevas realidades y necesidades. En el 78 hubo un pacto entre los herederos de una dictadura y los que representaban las aspiraciones democráticas de la ciudadanía, con el telón de fondo de la Unión Europea. Era el final del inacabable estado de excepción que siguió la guerra. La sociedad fue cogiendo impulso en los 60 y el régimen franquista se hizo incómodo incluso para algunos sectores de las clases altas que lo apoyaban. Se tenía que encontrar una salida.
A partir del año 82 el régimen se asentó, consolidó el bipartidismo como forma de control social y político, y pareció que era intocable. Pero el mundo ha cambiado y la sociedad española también: la revolución digital nos ha llevado por caminos desconocidos, la crisis del capitalismo del 2008 acabó con la fe en los Reyes de Oriente del neoliberalismo y el capitalismo popular; la versión local del movimiento de los indignados, a partir del 15-M, jubiló a la vieja guardia socialista y comunista, y la evolución del nacionalismo catalán del pujolismo al soberanismo abrió unas fracturas que los partidos gobernantes en España no han sabido reconducir políticamente y que han dejado irresponsablemente en manos de la justicia.
Encallados. La consigna es que la Constitución es intocable, a pesar de que son los gobernantes los primeros que no la cumplen: con un tránsito permanente entre el poder ejecutivo y el poder judicial que no hace más que degradar un régimen fundado sobre la división de poderes. Y con un incumplimiento reiterado de las exigencias constitucionales sobre los derechos fundamentales de las personas, con restricciones crecientes en cuestiones básicas como la libertad de expresión.
2. Prioridad. Tiene razón la presidenta Meritxell Batet: “Los pactos exigen esencialmente un solo requisito: la voluntad de lograrlos”. Y Sánchez recoge velas. Ahora mismo no hay ciertamente ninguna voluntad real de modificar la Constitución. Es patético que la derecha ni siquiera acepte el cambio de una palabra, disminuidos, por personas con discapacidad. Prohibido tocar un texto sacralizado. Una actitud que es una amenaza de regresión sin regreso.
Si en la Transición fue posible crear un consenso bastante amplio para la mutación de una dictadura en una democracia que, con todas las imperfecciones que se quiera, ha funcionado razonablemente, ahora, después de 43 años, con nuevas cartas sobre la mesa, resulta que no es posible encontrar un consenso para una actualización que dé reconocimiento a todo el mundo. El escenario es bastante elocuente. En un momento en el que por todas partes amenaza el riesgo del autoritarismo postdemocrático, la derecha empuja sin complejos en esta dirección. Ni siquiera hay un Macron para hacer frente a la radicalización conservadora. Y cualquier acuerdo se hace imposible. La Constitución es el parapeto de protección de Casado y compañía, aunque la violen siempre que les conviene. El proceso soberanista catalán es la coartada que justifica el inmovilismo. Y, aun así, si hay un camino para enfocar el problema por la vía política, y no por la represiva, que solo sirve para enquistarlo; pasaría por un nuevo consenso constitucional que, en el marco de una renovación democrática profunda, incluyera el referéndum, con todas las precauciones de mayorías que hicieran falta, como opción legítima. Mientras esto sea imposible y no se admita otra respuesta que la judicialización de la política, será difícil salir del estancamiento y el desacuerdo permanentes. Ahora mismo parar a la derecha española es una apuesta prioritaria, que solo puede ser negada desde la enfermedad infantil ideológica que hace creer que cuanto peor, mejor.
