El problema de la vivienda es un problema político de primera magnitud. Querer resolverlo con soluciones técnicas, o sólo de planificación, es una estrategia corta de miras. Tenemos empresas, instituciones, entidades con fines sociales, tenemos recursos públicos: pero la política de suelo es insuficiente.
Lo más importante es conseguir legitimidad política para poner en marcha una política de suelo radical, lo que significa recuperar suelo y crearlo. Recuperar suelo implica cambiar de uso suelos públicos existentes, gestionarlos con fluidez, densificarlos ordenadamente. Y también es necesario crear nuevos espacios, sin fabricar nuevos barrios-gueto sólo de vivienda social. Como decíamos, si tenemos en cuenta la dimensión real del problema, esta actuación exige, no sólo técnica, sino legitimidad. Legitimidad para la aplicación de unos recursos públicos que deben crear suelo, determinar prioridades, subvencionar cuidadosamente las actuaciones y alcanzarlas a plazo.
El plan sectorial y territorial de vivienda recientemente aprobado, preparado por el gobierno anterior, prevé que 140 municipios hagan reservas de suelo para viviendas sociales. Sería nuevo suelo, de extensión urbana, o de reforma interior profunda. Pero sólo es una previsión de planeamiento urbanístico que no involucra a los municipios en la gestión efectiva, ni en ninguna concreción temporal. Constituye la idealización usual del urbanismo dibujado y la incapacidad de su desarrollo. Los municipios pueden hacer política de suelo si miran a medio plazo, pero pocos lo han hecho y lo harán. Porque es poco lucido políticamente y porque es necesaria una capacidad de gestión no menor. Este trabajo lo deben realizar los grandes municipios, con más de 100.000 habitantes, y agrupaciones de municipios bien establecidas.
Para ello, se necesitan representantes políticos responsables y un liderazgo político de base territorial, porque el centralismo de un órgano único, como el Incasol, no será útil. Se necesitan agencias territoriales, de dimensión regional. Tenemos tanta desconfianza en la política y en la democracia que tendemos a preferir opciones centralizadas, inviables y tecnócratas antes que las representativas. Los déficits franquistas no podrían haberse resuelto sin los ayuntamientos democráticos. Es cierto que la escalera del problema de la vivienda y su naturaleza es compleja y que no pueden gestionarla todos los municipios, porque necesitamos unos órganos de escalera mayor que deben ser, necesariamente, democráticos.
La gestión de la crisis de vivienda podría ser un primer paso en el establecimiento de una gobernanza metropolitana (regional, o por veguerías, si así se llama) de los sistemas urbanos de Cataluña. Esta gobernanza podría establecerse de forma provisional primero, y ser votada en las próximas elecciones municipales. Esta organización regional/metropolitana permitiría, además, también dar pasos adelante en materia territorial, ambiental, de movilidad... en una segunda fase. Se trata de implementar una gobernanza regional que hoy existe en toda la Europa que siempre tenemos en mente como modelo a seguir.
¿Y cómo definimos estos ámbitos regionales? Las regiones las configuramos los sistemas urbanos –el mercado inmobiliario, en definitiva–. Algunos ejemplos: el Baix Llobregat y L'Hospitalet, el Maresme y el Barcelonès Nord, el Vallès… y las regiones ya más consolidadas en Ponent, el Pirineo, el Ebro, el Penedès... separando Vic (Ter-Fluvià) de Manresa (Llobregat-Cardener). Y respetando, en términos de subsidiariedad, las grandes ciudades que han hecho y hacen vivienda pública: Barcelona, Sabadell, Terrassa... y pocas más.
El objetivo no debe ser menor que el de alcanzar 1 vivienda por mil habitantes cada año en cada región, o sea, unas 8.000 viviendas anuales en Cataluña (las 50.000 viviendas comprometidas representan 1,25 por mil habitantes a lo largo de 5 años ). Es una dimensión importante, que no puede manejar una única máquina (sería un monstruo). Y son necesarias políticas solidarias en la periferia regional de Barcelona respecto al centro barcelonés, donde es imposible alcanzar la dimensión necesaria. Pero esa política implica diálogo entre los agentes representativos. Estamos hablando, a nivel catalán, de una dimensión del orden de 16.000 beneficiados al año y de una inversión de 400 a 500 millones de euros por año. Es lo necesario, si se quiere hacer un mínimo trabajo digno. Y debemos ambicionar generar inversión económica e impacto social y hacerlo con mucho camino concertado, no todo con manos públicas. Con edificación y gestión privada sobre suelo público, con fecha fija de reversión, para crear un importante patrimonio público a medio plazo.
El dilema está ahora entre asumir verdaderamente el problema o hacerlo ver, simulando que se da algún paso, pero con resultados efectivos de miseria. Mi temor es que optaremos por la segunda opción. Estamos en un cruce entre hacer política real, y con mayúsculas, o hacer política ficción. Todo indica que por ahora poco se hará, así pues, en poco tiempo tendremos que volver a hablar de ello.
