El día 25 de agosto, el pleno del Congreso de Diputados dio luz verde a la aprobación definitiva de la modificación de la ley de 14/2011 de la ciencia, la tecnología y la innovación con el voto favorable de Esquerra Republicana de Catalunya. El mundo universitario y la red de centros dedicados a la investigación y sus profesionales habían reivindicado reiteradamente la actualización del marco normativo que les afecta. Los adelantos en el sector de la ciencia y tecnología son rápidos y requieren, por lo tanto, una revisión periódica de sus normas jurídicas.
Los primeros esbozos del ministerio de Ciencia y de Innovación contenían cambios tímidos y poco adecuados a la realidad de la sociedad actual y del sector de la investigación. ERC, mediante propuestas nuevas y concretas, puso su fuerza negociadora, una vez más, al servicio del país.
El entendimiento con el ministerio permitió introducir una serie de matices que el documento inicial no contenía. Fruto de este acuerdo, el texto incluye adelantos en materia de igualdad de género en cuanto al acceso y permanencia en el sector de la investigación; consolida las carreras investigadoras; dota de más derechos laborales a los investigadores postdoctorales, y –muy importante– reduce la carga burocrática de todos los procedimientos administrativos.
Uno de los puntos más trabajados han sido todos aquellos cambios legislativos que ayudaran a superar la crisis sistémica que muchos centros de investigación y parques tecnológicos del país sufren. La mala financiación crónica del sistema de investigación y la poca implicación de los gobiernos españoles de turno los han llevado –a muchos de ellos– a una situación límite. Con la eliminación de la necesidad del aval bancario para la financiación de los parques científicos y tecnológicos –lo que se conoce como sistema de “doble aval”– se elimina la carga financiera que lastaba los proyectos técnicos científicos y de investigación. Este adelanto –largamente reivindicado por la diputada Marta Rosique como portavoz de universidades en el Congreso – contribuye a garantizar la viabilidad de estos proyectos. A la vez, se evitan casos de concurso de acreedores, como por ejemplo el del Parque Científico y Tecnológico de Girona, con la consiguiente pérdida de lugares de trabajos y de talento.
Con el texto acordado también se pretende ayudar a la reducción de la precariedad entre el personal investigador de los centros de investigación, especialmente de todos aquellos jóvenes que empiezan su carrera investigadora. Reduciendo la precariedad laboral –hasta ahora instalada en el sector–, perfectamente compatible con un sistema de investigación competitivo como el nuestro, se contribuye a reforzar una economía del conocimiento más sostenible. De rebote, se frena una “fuga de cerebros” que, como país, ya no nos podemos permitir. La movilidad internacional de nuestros investigadores tiene que ser una opción que nos aporte valor añadido, no una condena por falta de alternativas.
Conviene recordar que, desde la llegada de ERC al gobierno de la Generalitat, se ha doblado el presupuesto en I+D+i. De hecho, nuestros diputados Pau Morales y Ernest Maragall ya trabajan en la nueva ley catalana de ciencia en el Parlament de Catalunya. En este sentido, es importante destacar que hemos llegado a un acuerdo para convertir en indefinidos los contratos del personal investigador ligados a proyectos científicos y tecnológicos, y, a la vez, aumentar del 21% al 25% los costes indirectos de los centros de investigación. Así conseguimos mejorar las condiciones laborales y, a la vez, aumentar la financiación de los centros de investigación para hacerlo posible, tal como han defendido nuestros portavoces en el Senado Mirella Cortés y Josep Maria Reniu.
El acuerdo logrado también pasa por un espacio de diálogo y negociación de tres meses para encontrar un nuevo sistema estructural estable de financiación basal de los centros de investigación de Catalunya. Se trata de un nuevo modelo que contribuya a disminuir la actual dependencia excesiva de los proyectos competitivos y que aumente la financiación estructural. Esto permitiría un mayor margen para la definición de una política científica catalana que pueda aplicar las estrategias propias más adecuadas.
El fruto de la negociación de esta ley de ciencia se traduce en ganancias evidentes y notables. Un sector catalán de la ciencia, de la investigación y del desarrollo bien consolidado será siempre sinónimo de esperanza y de futuro. A su vez, será la garantía de que este mismo sector disfrute de unas oportunidades que, al fin y al cabo, nos darán proyección como país. Para hacerlo posible solo nos hace falta retener este capital como sea, plantarlo, cultivarlo, cuidar de él y hacerlo crecer.
