Las ciudades ¿son espacios adecuados para los niños? Cada año, miles de familias marchan de las grandes ciudades, presionadas por los precios desorbitados de las viviendas pero también en busca de una mejor calidad de vida. La inseguridad creada por el tránsito de los coches, la contaminación de todo tipo, la carencia de zonas verdes y parques son elementos que hacen más pesada la crianza de hijos en las grandes ciudades. Los niños juegan en plazas, pero a menudo dentro de un espacio cerrado, una jaula amable, delimitada por las vallas de madera de los parques infantiles. Las puertas de estos cercados tienen sistemas sofisticados para que los niños no se escapen. En la ciudad, la alerta de sus cuidadores es constante: vigila al cruzar, párate en las salidas de los parkings, no corras, no saltes... El espacio urbano es vivido como una amenaza a su seguridad.
No todas las ciudades son igual de adversas a la infancia: el urbanismo juega un papel fundamental. A principios de los años 90, el pedagogo Francesco Tonucci publicó e impulsó el proyecto Ciudades para los niños, una reivindicación de la mirada de la infancia en la construcción de la ciudad. Tonucci quería promover un cambio en las políticas urbanas, poniendo al niño en el centro en lugar del adulto trabajador que se desplaza en coche por la ciudad. Según esta filosofía, los niños tienen que participar en el diseño de las ciudades y recuperar así el espacio urbano. Las ciudades tienen que garantizar uno de los derechos fundamentales de los niños: el derecho a jugar. Por esta razón los niños necesitan vivir en entornos seguros y cómodas, donde puedan jugar y donde se puedan desplazar solos. Estas iniciativas no tienen que ir en detrimento otros colectivos ni franjas de edad, sino que se tienen que sumar y convivir en una mezcla de usos y espacios. La ciudad tiene que ser habitable para todo el mundo, y por esta razón es tan importante que el diseño del espacio público incluya todas las miradas posibles.
Alrededor del colectivo de la infancia, los ayuntamientos han ido introduciendo mejoras en la cantidad y calidad de los parques infantiles y en las medidas de accesibilidad (rebajando aceras, mejorando la señalización de los pasos de cebra). También se ha convertido calles de los centros urbanos en espacios prioritarios para peatones y, fruto de las demandas ciudadanas, se han empezado a pacificar los entornos escolares. Algunas ciudades se han acogido al sello de Ciudades Amigas de la Infancia, promovido por la Unesco, e incluso han creado consejos de niños, donde niños y niñas se reúnen con técnicos y representantes políticos municipales para hacerles llegar sus ideas para mejorar la ciudad desde su punto de vista. Otras iniciativas han sido el impulso de los caminos escolares, caminos seguros para que los niños vayan solos a la escuela.
Si bien ha habido estas mejoras innegables, estas políticas dejan a menudo de lado a los niños con diversidad funcional: niños con dificultades de movilidad o cognitivas. Las familias tienen que luchar diariamente en el ámbito sanitario y escolar para que sus hijos puedan tener los mismos derechos que el resto; una lucha que a menudo recae en las madres. A este desgaste se suma la vivencia de la ciudad: los obstáculos para desplazarse en silla de ruedas o caminadores, para encontrar espacios adaptados para hacer actividades deportivas y de ocio, etc. De poco sirve disponer de un columpio adaptado (que han proliferado en varias ciudades) si el acceso está complicado o si no tiene un buen mantenimiento. Precisamente este verano tuvo lugar la Primera Carrera Infantil Adaptada en el Barri Gótic, un acontecimiento que fue un éxito de participación y que seguramente supondrá un antes y un después en la visibilización de este colectivo y de sus necesidades. La creación reciente del Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional pone también en evidencia la carencia de políticas efectivas de inclusión.
Las ciudades tienen varias caras: son un espacio físico, construido (urbe); tienen instituciones y políticas (polis), y son espacios vividos y construidos a partir de las relaciones sociales de sus habitantes (civitas). En la práctica, la ciudadanía de pleno derecho –el goce de derechos y deberes– se asocia a la nacionalidad y a la edad adulta. Las ciudades para todos tienen que ser ciudades que incluyan a los niños, a todos los niños; también los que tienen algún tipo de diversidad funcional.
