Compromiso histórico contra la pobreza energética
En medio de la parálisis y la incertidumbre por la carencia de acuerdo para formar gobierno, este lunes se ha producido un compromiso histórico en el ámbito de los derechos sociales: la eléctrica Endesa se ha convertido en la primera que firma un convenio con la Generalitat y las cuatro diputaciones para asumir solidariamente las facturas impagadas de 35.000 familias vulnerables. En virtud del acuerdo, que es hijo del decreto 24/2015 contra la pobreza energética, Endesa se hará cargo del 73% de la deuda, mientras que el resto irá a cargo de las administraciones. El conseller de Trabajo y Asuntos Sociales, Chakir el Homrani, se ha mostrado confiado que el resto de distribuidoras se acabarán sumando a la medida.
El acuerdo también es mérito de la lucha de una entidad como la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), nacida en 2014 con el objetivo de garantizar el acceso universal a los suministros básicos (electricidad, agua y gas) y que en los últimos años ha obtenido victorias importantes, como la prohibición de cortar la luz a familias vulnerables. Igual que pasó con la PAH, la APE ha tenido la habilidad de introducir el concepto de pobreza energética en el debate político con casos como el de la muerte de una mujer de 81 años en Reus en 2016 en un incendio provocado en su casa por velas encendidas, puesto que Gas Natural le había cortado el suministro.
La condonación de la deuda aligera la situación de miles de familias que vivían con la espada de Damocles de una acción judicial en contra suyo por impago. Además, a partir de ahora se creará un fondo al 50% entre las administraciones y la distribuidora para hacer frente a deudas de estos tipos. El acuerdo, en realidad, beneficia a todo el mundo y es un ejemplo a seguir, puesto que la empresa difícilmente habría cobrado los casi 40 millones de euros de deuda existente. Endesa actúa de manera inteligente al aceptar un finiquito a cambio de recibir 10,6 millones de las arcas públicas y hacer un movimiento que tiene un innegable impacto positivo en la percepción de su imagen. Ellos han entendido antes de que el resto que en la sociedad actual se pide a las empresas que no solo sean eficientes, sino que tengan "alma", aquello que se denomina responsabilidad social corporativa. Así pues, la fórmula de presión social, administraciones habilidosas (y dispuestas a desembolsar recursos) y empresas responsables ha sido un éxito.
Se calcula que un 11% de la población sufre la pobreza energética, es decir, tiene dificultades para pagar las facturas. Como sociedad ya hemos entendido que no nos podemos permitir hogares con niños o gente mayor sin calefacción en invierno, y por eso es de justicia que entre las empresas, que tienen grandes beneficios, y la administración pública se busquen maneras de ayudar a estas personas. Ahora bien, habrá que redoblar esfuerzos para que el resto de grandes empresas distribuidoras se sumen al acuerdo y hagan lo mismo en su ámbito (agua, gas, etc) para llegar así a una capa más amplia de la población. En este caso, la presión no tiene que venir solo de activistas, sino de los consumidores, que cada vez más valoran cuál es la actitud de una compañía antes de contratar sus servicios.
