Después de que hayan pasado más de siete meses desde que se tuvo la primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de España y el nuevo Gobierno de Catalunya, y más cuando este último solo pudo ser representado por uno de los dos partidos que lo forman, hay que preguntarse si realmente tiene sentido mantener esta mesa en su formato actual, si hay que cambiar las reglas del juego, congelar la mesa o prescindir de ella, aunque sea temporalmente. Hay varias opciones para elegir, pero me parece que continuar con la situación actual ya no tiene demasiado sentido aunque las partes implicadas tengan canales de comunicación permanentes, lo que siempre han cuidado, y con independencia del asunto del espionaje telefónico, el Catalangate.
Una mesa de diálogo donde se tienen que negociar algunas cosas importantes –por lo que es también un espacio de negociación formal– tiene que seguir de manera escrupulosa unas normas que se consensuan al empezar. Son las reglas del juego e incluyen decidir cada cuánto tiempo tendrán lugar los encuentros, qué personas formarán las delegaciones y la agenda por discutir. Estas normas siempre se pueden cambiar mientras sea de manera consensuada. La mesa ya empezó mal, desde el momento en el que no había representación de Junts, por lo que la primera reunión fue, en realidad, entre ERC y el Gobierno español. De momento parece que a corto plazo este aspecto no cambiará. Esto implica, por lo tanto, que la mesa no acogerá un diálogo entre gobiernos, tampoco una representación del movimiento independentista y todavía menos una representación de la mayoría social y política catalana.
Desde hace tiempo en Madrid se miran con lupa las encuestas que se hacen en Catalunya, puesto que en cierto modo son los indicadores que marcan los límites de una eventual negociación. La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión, por ejemplo, deja claro que la independencia no es uno de los principales temas de preocupación de la sociedad catalana, como tampoco lo son las relaciones con España. Cuando a la gente se le presentan cuatro opciones para elegir, solo el 34,9% votarían a favor de la independencia, mientras que la opción federal y la autonómica suman un 50,5%. Si algún día hubiera una consulta, aunque no fuera vinculante, y a pesar de que podría haber una abstención un poco alta, la opción independentista no podría ganar. Esto es algo muy conocido, tanto aquí como allí, y condiciona las percepciones sobre el sentido y la importancia de la mesa de diálogo.
Todo el mundo sabe también, incluido el Gobierno español, que la mayoría de la sociedad catalana quiere ser consultada sobre su futuro, un 80% en la última encuesta, aunque no se especifica su urgencia, es decir, si tiene que ser ahora, más adelante o cuando se pueda. El Gobierno español no tiene mayoría cualificada para hacer algunas cosas en las que se jugaría su capital político y, desde su punto de vista, ahora no es el momento de hacer consultas aunque no se planteara con la terminología de un “referéndum de autodeterminación”.
En cualquier caso, no reunir la mesa de diálogo, aunque sea con una representación limitada, me parece un desprecio y un engaño y da la razón a los sectores que nunca han confiado en ello. La paradoja es que, en buena medida, si no se reúne es porque está incompleta. Vista esta situación, y a pesar de que siempre he defendido la necesidad de tener un espacio formal de diálogo y negociación, la realidad hace imposible mantener el formato inicialmente diseñado y esto no permite abordar seriamente ningún tema sustantivo, tanto los ya presentados como los que se podrían plantear en un futuro –sigo pensando que sería mejor tener una agenda más amplia–. Dado que no se puede hacer una mesa entre dos gobiernos, se tendría que admitir que el diálogo solo puede ser con un partido del Govern catalán y, por lo tanto, sería una mesa entre tres partidos, dos de Madrid y uno de Catalunya. En el futuro, esta situación podría cambiar, y espero que a mejor, pero, ahora mismo, creo que sería mejor cambiar el nombre de los posibles encuentros que se lleven a cabo y, además, no crear falsas expectativas, cuando la parte catalana solo representa una cuarta parte del arco parlamentario, y desde Madrid parece que no hay prisa.
