Cómo hacer crecer bien la economía catalana
El Informe Fénix ha sido un muy saludable toque de alerta sobre la gravedad de la trayectoria de la economía catalana en los últimos años y en la última generación, con un PIB per cápita que no para de alejarse de la media europea (veinte puntos porcentuales en los últimos veinte años –del 114% al 94%).
El problema esencial es la falta de crecimiento de la productividad (o sea, el producto por persona ocupada) desde hace más de treinta años. Fijemos el año 1992 como una fecha que todo el mundo que la haya vivido puede recordar y situar. La productividad en Cataluña creció durante los años en que la prosperidad europea llegó a España –desde el Plan de Estabilización hasta los primeros años del ingreso en la CEE–. Se ha estancado después. Hasta los años setenta se crecía en productividad y en ocupación, y de 1975 a 1985 se crecía en productividad pero al precio de perder ocupación. La entrada en la CEE pareció corregir esta limitación, pero desde entonces (desde 1984, para ser precisos) las modificaciones de la legislación laboral –para flexibilizar las rigideces del Estatuto de los Trabajadores– han ido creando un sistema donde la legislación laboral que se aplica a quienes entran al mercado laboral es mucho peor que la que se aplica a quienes ya están en él, con contratos indefinidos. Poco a poco se han ido erosionando, para las nuevas generaciones, muchas de las protecciones de los contratos indefinidos, hasta llegar a la situación de los últimos años, posteriores a la reforma laboral del PP, de completo desmontaje de todas las protecciones. Llevamos cuarenta años de legislación laboral de derechas, que han permitido la existencia de sueldos muy bajos, ampliamente explotada en muchos sectores, precisamente los que el Informe Fénix señala como los de salarios medios más bajos.
Algunos argumentan que siempre habrá salarios que no alcanzarán a pagar los beneficios públicos a los que tienen derecho. Hay que recordar que el estado del bienestar, para ser viable y duradero, debe cubrir las carencias de protección de quienes transitoriamente no tienen trabajo, de quienes ya no están en condiciones –por salud o por edad– de ganarse la vida y de quienes todavía no se la pueden ganar, pero para hacerlo debe contar con la contribución de todos los que trabajan. Los sueldos que son socialmente admisibles son aquellos que cubren la contribución a la caja común del estado del bienestar. La dinámica del bienestar para todos implica que todos los que puedan contribuyan. Es una distorsión autodestructiva que quienes tienen trabajo necesiten el estado del bienestar para sobrevivir. Trabajos tan mal pagados no deberían existir. Por eso considero que después de tantos años de políticas laborales de derechas hay que pensar en políticas laborales de izquierdas. Esto puede querer decir muchas cosas diferentes. Yo subrayo una: remuneraciones más altas, cosa que solo se consigue con salarios mínimos más altos. Por cierto, con la organización territorial del Estado, que sigue siendo preautonómica, disponemos de esta información por provincias, y con gran calidad estadística.
La productividad es producto por ocupado. Para mejorar el producto se necesita más capital –más inversión–. También llevamos muchos años con niveles de inversión muy baja. Desde la Gran Recesión (en casa nuestra, 2008-2014) tenemos inversión muy baja. El problema de la vivienda viene de aquí, no lo olvidemos. La gran inversión en vivienda que se hizo en los años de bonanza del euro, cuando la deuda pública y la privada españolas no tenían primas de riesgo, resultó parcialmente inútil. Se construyó en lugares mal ubicados esperando que la expansión fuera infinita. Todavía lo pagamos. Necesitamos inversión en vivienda bien localizada, necesitamos inversión en transportes que permitan la movilidad de la población, y necesitamos mucha inversión en equipamiento para todos los sectores productivos y actividades. Esto implica tener políticas de atracción del capital y de fomento de su inversión. Esto quiere decir, simplificadamente, políticas más de derechas para el capital. No para los grandes capitalistas, que ya están muy bien tratados –demasiado incluso–, pero sí para los capitales de dimensión media e incluso pequeña (como los propietarios de viviendas). Es decir, estímulos fiscales (actualmente en Cataluña solo hay penalizaciones fiscales) y una actitud de la administración que facilite la inversión.
Lo que digo es más o menos lo contrario de lo que hemos hecho la mayor parte de los últimos cerca de cuarenta años, es decir, políticas de derechas para el trabajo y de izquierdas para el capital. Pensemos en ello. Hace falta un gran acuerdo para alcanzar este resultado, que debería agradar a capitalistas y a trabajadores, aunque quizás no agradaría ni a la patronal ni a los sindicatos. Podría no agradar a las administraciones públicas, que tendrían menos recursos, pero agradaría a los ciudadanos, que devendrían más autosuficientes y no dependerían tanto de las subvenciones.