La vivienda asequible, además de dibujarla, debe construirse, lo que tiene un impacto centenario. En la Europa de las guerras, la vivienda pública se construyó sobre todo allá donde habían caído las bombas. También en Barcelona, a través del Plan General de 1953, se concretaban planes de reforma interior para reconstruir zonas destruidas por la Guerra Civil. Visto en perspectiva, hace sólo cincuenta años que las leyes del suelo y de ordenación urbana regulan la participación de la colectividad en las plusvalías generadas por el urbanismo, por lo que es difícil encontrar parcelas en el interior de las ciudades consolidadas (barrios viejos y ensanches) para la construcción de vivienda pública. Éste era fundamentalmente el propósito de la obligación del 30%, que ahora parece que se flexibilizará.
El urbanismo fue fundamentalmente una competencia municipal hasta 1978, cuando con el traspaso de las competencias del Estado a la Generalitat, se inició una política territorial interesante para descentralizar el país de Barcelona. Se adquirieron suelos en diversas ciudades para planificar su crecimiento, y durante veinte años se construyeron barrios nuevos en Martorell, Mollet, Sabadell, Terrassa, Tarragona o Vilanova.
El Pacto Nacional por la Vivienda del 2007 (¡ya 17 años!) anticipaba que habría “440.000 hogares susceptibles de ser beneficiarios de la política de vivienda” en un horizonte de 10 años, y éste iba acompañado de un “inventario de suelos para la construcción de vivienda con protección oficial” donde básicamente se afirmaba que la Generalitat disponía de suelo en diferentes sectores de Cataluña “que juntos suman un potencial para construir 113.000 viviendas". "Aproximadamente, de estas viviendas, 54.000 serán de protección oficial, y 59.000 serán de promoción libre. La previsión es que este suelo esté transformado en su totalidad de aquí al año 2016, a fin de que la totalidad de las viviendas protegidas tengan la calificación provisional y las viviendas libres puedan tener la licencia de obras”.
El ritmo previsto de edificación no se cumplió, y la mayor parte de los suelos siguen estando a disposición y son de propiedad pública: son terrenos en L'Escala, Esparreguera, Figueres, Lérida, Montmeló, Sant Boi de Llobregat, la Sede de 'Urgell, Solsona, Santa Perpetua, Santa Coloma de Cervelló, Vic, Viladecans o Vilafranca. Sería bueno publicar el visor cartográfico GIS con la disponibilidad del suelo público para que la ciudadanía conozca la ubicación y el alcance de estos sectores. Estos terrenos se adquirieron con dinero público, y por tanto conviene materializar los aprovechamientos previstos por el urbanismo.
Estos suelos que se adquirieron hace años deberían ser los primeros en programarse, ya que hacer ciudad significa, básicamente, saber construir sobre las ideas de los demás.
En 2007 también se lanzó la iniciativa de las Áreas Residenciales Estratégicas, con capacidad para albergar 73.900 viviendas, 40.000 de las cuales debían ser protegidas. Esto equivalía a programar hasta 1.230 hectáreas de suelo (el Eixample de Barcelona cumple 750), pero la crisis del ladrillo congeló la mayoría de los sectores, y ahora todos los planes deben redactarse de nuevo. Algunas de estas Áreas, además, se dibujaron sobre terrenos de titularidad pública, por tanto, serían éstas también las más fáciles y convenientes de reactivar.
Los urbanistas nos encontramos constantemente con el dilema de si tiene sentido aumentar los límites de la ciudad para ubicar toda esta vivienda protegida. Después de más de veinte años de profesión, tiendo a pensar que hay suficiente conocimiento y sensibilidad en la profesión para hacer barrios de otra manera. Se trata de encontrar la justa medida y encontrar diseños capaces de convivir con las redes del verde y del agua que rodean a las ciudades. Pero sí que es necesario, construir estas viviendas para ampliar el parque público, y la buena manera de hacerlo es en actuaciones de no más de 40 o 50 viviendas, de manera que un solo municipio no concentre el crecimiento de bloques de excesiva altura y densidad.
No quiero terminar el artículo sin insistir en que, en Barcelona, también es necesario ampliar el parque público sobre los solares provenientes de la gestión urbanística. Hace años que el urbanismo ha inventado un mecanismo por el que los propietarios de suelo que desarrollen los derechos de aprovechamiento que entre todos los hemos otorgado deben ceder parte de ellos para que se haga vivienda pública. Los antiguos barrios industriales que han pasado a ser residenciales como el 22@ o la Marina del Prat Vermell han hecho calles nuevas, escuelas, equipamientos y han reservado terrenos para edificar el parque público de alquiler en procesos que han durado décadas. Hace veinte años que los equipos de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona han ido aprobando reparcelaciones y dando licencias para que el mercado operara con fuertes condicionantes y contribuciones económicas a la ciudad. Camine, y ve los solares públicos vacíos en las calles Doctor Trueta, Ávila, Sancho de Ávila, Marruecos, Binéfar... Son agujeros aparentes entre medianeras, con solera de sablón o arena y suelen estar cerrados. Están calificados de vivienda protegida y pertenecen a la ciudadanía, porque se han obtenido a cambio de la transformación de antiguas fábricas en desuso hacia oficinas o pisos que conviven en las mismas manzanas. Dicho de otro modo: no se puede hacer otra cosa que vivienda protegida. El sector privado ya ha invertido, han edificado rápidamente y ya hay miles de trabajadores y residentes que se han instalado en oficinas y pisos magníficos en Poblenou y en la Marina del Prat Vermell. ¿Por qué el sector público va tan tarde? Los solares están ahí, el dinero también, y el trabajo técnico también. ¿A qué esperamos?
