«Muchos jueces son absolutamente incorruptibles:
nadie puede inducirlos a hacer justicia»
Bertolt Brecht
Intenté seguir el debate en el Parlamento Europeo, forzado por las derechas espanyolistas, sobre las amenazas al estado de derecho que alegan. No sé si Europa los mira –porque la historia todo le da la vuelta, el marketing todo lo zampa y los tiempos líquidos todo lo giran–. En cualquier caso, en las últimas semanas hemos visto de todo y todo lo contrario. El PP recurriendo a la internacionalización del conflicto ante la UE, Feijóo reclamando poner las urnas, la extrema derecha bramando «las calles serán siempre nuestras», Vox convocando una huelga general y el nacionalismo inquisitorial de estado preocupado por la calidad democrática, el estado de derecho y la independencia judicial. Vivir para ver. Sería para reír si no fuera que llora. Síntesis: la típica dictadura a la que vas a un plató televisivo en prime time a denunciar que vives bajo una tiranía y ve que al día siguiente no te pasa nada. Y sigues siendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Pobre Berlanga.
No hace falta ser muy luminosa para captar, el mismo jueves y en riguroso directo, como el jefe del "terrorismo" que denunciaba a la derecha española desde el atril europeo se sentaba ante sí allí mismo, en el Parlamento Europeo. En su escaño. Desde que ganó las últimas elecciones europeas en Cataluña. No hace falta caer del caballo para saber –y por una vez todos estamos de acuerdo– que el recién nacido gobierno español se ha negociado en Bruselas con él, todo un presidente de la Generalitat exiliado hace seis años y al que piden hasta 12 años de prisión. Somos una anomalía prolongada en medio de una Europa que tampoco puede presumir demasiado de todo lo que pregona. Ahora bien, lamenté muchísimo que nos quedáramos sin poder escuchar la respuesta de Manfred Weber al dilema que Toni Comín le planteó directamente mientras el portavoz alemán de las derechas continentales ponía cara de póquer: "Quien tiene razón, señor Weber, los jueces alemanes de Schleswig-Holstein que liberan a Puigdemont oa los jueces españoles que quieren encarcelarle?". Jurídicamente, todavía no tenemos respuesta concreta. General, sí: Carles Puigdemont anda libre por toda Europa con una única excepción: España. La metáfora acarrea sola.
Ahora bien, si los hipócritas de toda la vida –y demócratas desde 1978– están tan preocupados por las amenazas al estado de derecho –que hay muchas y muy severas y cada día más– me permito sugerir algunos elementos que pondrían los pelos de punta a cualquier demócrata. Es decir, a cualquier antifascista, como recordó el pasado domingo ante Via Laietana 43 Carlos Vallejo, torturado salvajemente por el franquismo ya quien la justicia española no le ha admitido la denuncia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. Las palabras del bueno de Carlos llevaban inevitablemente, en otra vígilia del 20-N, hacia la calle Ferraz. Trufado de los más preclaros símbolos del fascismo, el neonazismo y el ultracatolicismo hispano en medio de consignas asquerosamente machistas y terriblemente racistas. Mientras tanto –por si en el club de estados que es la Unión quieren detener colpismos– que sepan que 50 militares en la reserva acaban de pedir destituir a un presidente democráticamente elegido. Y que la primera asociación de un cuerpo militarizado como la Guardia Civil –el Estado dentro del Estado– ha informado que "derramará hasta la última gota de sangre" si es necesario, proclama antagónica al pretendido espíritu pacifista de los valores europeos pero divisa fundadora del cuerpo benemérito. Y no. No hablaré de octubre del 2017 con policías saliendo de los cuarteles al grito sádico deA miedo ellos. Ni de un presidente español, llamado Pedro Sánchez, quien en el 2018 dijo: "Catalunya se rige por una ley que no ha votado". Ni de las cloacas, la guerra sucia, la impunidad delictiva de Juan Carlos I o el comisario Villarejo. Porque si quieren hablar de estado de derecho –y hay que hablarlo, oyendo– tienen para mojar el pan entero. Y atragantarse.
Estricto presente, el pasado octubre el Consejo de Europa incluía al Estado español en el selecto club integrado por Polonia, Hungría o Azerbaiyán a raíz de la persecución a las disidencias y degradaciones democráticas, y exigía una investigación sobre Pegasus y el Catalangate – y no nos autoengañamos: ese espionaje se produjo bajo gobierno del PSOE. Más. Alfonso Guerra –entre otros corifeos– acaba de pedir que se ilegalice el independentismo: es decir, el espacio que en febrero de 2021 ganó las elecciones (52%) y obtuvo mayoría absoluta en el Parlament de Catalunya – aunque no se utilice–. Más aún: al ministro del Interior anterior –Fernández Díaz– le piden hoy 15 años de cárcel por, entre otros, desmenuzar el estado de derecho y convertirlo en un estercolero. Cirereta: el máximo órgano del poder judicial –que tanto invoca a su agrado la regla democrática– lleva cinco años con el mandato caducado, recibe anualmente críticas severas del grupo GRECO del Consejo de Europa por esta caducidad –"cuestión de preocupación crítica que ha de ser abordada con carácter prioritario", decían el pasado diciembre– y mientras tanto se permite ir firmando hojas volantes politizadas contra una ley que ni siquiera se había registrado todavía. Si quieren hacer política, que se presenten en las elecciones. O, por decirlo en palabras del propio Manuel Marchena, rubricadas de puño y letra en la sentencia del proceso: "No nos corresponde ofrecer soluciones políticas a un problema de razas históricas".
Cronología del alto voltaje político-jurídico que vendrá, el PP –para no resolver el conflicto– le judicializó como gobierno. Ahora pretende hacer lo mismo desde la oposición y por "la puerta trasera", sirviéndose del papel que está llamado a desplegar el juez García-Castellón, nuevo escudo y nave insignia de la Brunete. Para tratar de ganar en los tribunales lo que no pueden ganar en las urnas. Y esto también es política y sus laberintos. Reverso y anverso, pasaremos de la judicialización de la política a la politización de la justicia y la larga batalla por la amnistía en los tribunales será la continuación de la política represiva por otros medios. Porque, claro, una cosa es el estado de derecho y la otra el derecho de estado –y otra variante secular por estas tierras, el estado de derechas.
En cualquier caso, la Santa Alianza ha quedado constituida, como diría el barbudo de Tréveris. Y hoy podríamos parafrasearlo reescribiéndolo: "Un fantasma recorre Europa: el fantasma de la abolición del estado de derecho en el Reino de España. Todas las fuerzas de la Vieja España se han unido en santa cruzada para acosarle: la Conferencia Episcopal y la Guardia Civil , la CEOE y el CGPJ, los radicales de Vox y los polizones del PP ¿Cuál de los 30 partidos que conforman la mayoría de la legislatura no ha sido acusado de «cargarse el estado de derecho» por sus adversarios? ¿Partido de la oposición no ha lanzado el epíteto hiriente de "os estáis cargando el estado de derecho"? Y que ya es hora de que expongamos al mundo conceptos, fines y aspiraciones". Se nos vuelve labrada. O dicho de otra forma: democratizadores de todo el mundo, únase (último aviso). Porque si el único programa para que no gobierne la extrema derecha es decir "que no gobierne la extrema derecha", mala pieza en el telar y el futuro será de ellos.
