Ahora, cuando ya empezamos a mirar por el retrovisor con melancolía el periodo estival, de una cosa podemos estar seguros: en septiembre comienza la campaña de cara a las elecciones municipales. Por tanto, no solo hay que ir cerrando las carpetas pendientes de los actuales gobiernos municipales, sino que también se hace necesario enunciar y presentar propuestas de futuro.
Ya veréis cómo volveremos a oír hablar del derecho a la ciudad, incluso, como ahora se hace, del derecho a quedarse en la ciudad. No obstante, me gustaría hacer una propuesta estimulante que suponga dar un paso más allá para garantizar de forma efectiva todos los derechos y deberes de proximidad en el ámbito municipal: abordar la reivindicación, con determinación, rigor, imaginación y creatividad, del derecho a vivir bien en la ciudad.
Como propuesta de futuro, nos conviene recuperar la soberanía narrativa y considerar que no es suficiente que la ciudadanía tenga acceso a la ciudad; debe tener acceso a una buena vida en la ciudad. No nos podemos quedar solo en el derecho a quedarse en la ciudad; también debemos defender el derecho a estar bien en ella, a prosperar y a vivir en plenitud.
Por eso necesitamos transitar hacia el derecho a vivir bien en la ciudad, sin olvidarnos de los correspondientes deberes. Y me atrevería a decir que, más que de un derecho, estamos hablando de un sistema. El derecho a vivir bien en la ciudad debe configurar un sistema en el que los diferentes elementos solo adquieren sentido en su interacción.
Sin ánimos de ser exhaustivo, diría que los elementos que configuran el sistema del derecho a vivir bien en la ciudad implican: que no se expulse al vecindario de su territorio; que todo el mundo que lo necesite pueda acceder a una vivienda digna, adecuada y accesible; que los niños, los jóvenes, las personas mayores, las personas con discapacidad y las migrantes sean considerados como actores importantes en la construcción de las políticas públicas municipales; que el Ayuntamiento empadrone en la ciudad, si realmente se vive allí, con domicilio fijo o sin él; que se haga frente de forma eficaz al ruido y a la suciedad; que se garantice la convivencia y la seguridad de todo el mundo; que se practique la solidaridad y la atención a las personas que más lo necesiten desde unos servicios sociales robustos; que el Ayuntamiento responda expresamente y en plazo razonable todas las consultas, solicitudes y demandas que le formule la ciudadanía; y que podamos vivir y disfrutar de una ciudad sostenible.
En definitiva, este conjunto de elementos que estructuran el derecho a vivir bien en la ciudad debería guiar el diseño de todas las políticas públicas municipales. Esta visión sistémica debería permitir repensar la ciudad desde el bienestar urbano y configurar un proyecto político que interpele al modelo de ciudad que deseamos. Un modelo de ciudad donde se garanticen de forma efectiva los derechos humanos de proximidad, entendidos como las necesidades básicas o las aspiraciones legítimas, inherentes a todas las personas que habitan o transitan por la ciudad, que deben ser cubiertas para garantizar el derecho a una vida digna de ser vivida en el ámbito local.
Esta ha sido la forma de trabajar que hemos implementado en la Sindicatura de Agravios de Barcelona desde hace cinco años. En esta nueva etapa que ahora iniciaremos, con muchas ganas e ilusiones renovadas, tengo, entre otras, siete propuestas concretas para hacer realidad la defensa del derecho a vivir bien en la ciudad: poner la inteligencia artificial al servicio de las personas; potenciar la resolución adecuada de las controversias, mediante la creación de una oficina de mediación en la Sindicatura; trabajar para conseguir un Ayuntamiento más transparente; abordar el sinhogarismo de forma innovadora y colaborativa, a través de la puesta en marcha de un proyecto piloto (Plan Cero Calle); incrementar la calidad democrática de la participación ciudadana; fortalecer el trabajo de reparación en los casos de abusos sexuales o vulneraciones de derechos en la ciudad a través de la comisión de reparación; y participar en un proyecto europeo para fortalecer e implementar este nuevo sistema-derecho.
Animo a todos los grupos políticos, de pequeños, medianos y grandes municipios, a que se apropien de esta visión sistémica del derecho a vivir bien en la ciudad de cara a las propuestas que hagan en la campaña electoral. Con certeza, si no se quedan solo en propuestas, toda la ciudadanía saldría ganando.
