19/01/2021

Tumbar el aplazamiento electoral sería un despropósito

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La portaveu del Govern, Meritxell Budó, i el vicepresident, Pere Aragonès.

BarcelonaLa decisión del TSJC de aceptar las cautelarísimas pedidas por un particular que presentó un recurso contra el decreto de aplazamiento de las elecciones del 14 de febrero al 30 de mayo ha vuelto a dejar la fecha electoral en unos limbos completamente incomprensibles para el común de los ciudadanos. Esperamos que sea solo una decisión técnica, puesto que el tribunal no ha entrado en el fondo de la cuestión, y que en pocos días, y atendiendo a los argumentos de los servicios jurídicos de la Generalitat, se rechacen los recursos y se vuelva a hacer efectivo el aplazamiento. Cualquier otro escenario sería un despropósito.

Es paradójico que mientras la mayoría de comunidades autónomas están pidiendo al gobierno español un cambio en el estado de alarma para poder adelantar el toque de queda ante el avance descontrolado de la pandemia, la justicia obligue a celebrar unos comicios en una situación de riesgo sanitario extremo. Por desgracia, en los últimos meses no ha habido voluntad política en el Congreso de Diputados para introducir cambios en la Loreg que permitieran minimizar el riesgo de celebrar unas elecciones (ampliando los días de votación, introduciendo urnas móviles, etc.), ni el Parlament se ha planteado hacer una ley propia para ensanchar en el máximo el marco legal actual.

En este contexto, obligar a los ciudadanos a salir de casa para ir a los centros de votación cuando lo que se está pidiendo a todo el mundo es que se quede en casa y reduzca al máximo la interacción social sería una irresponsabilidad. Para empezar, porque muchos de estos ciudadanos considerarían que no valdría la pena asumir el riesgo y, por lo tanto, renunciarían al derecho a voto. Es más, ¿se puede obligar un ciudadano a ser miembro de una mesa cuando hay un peligro objetivo para su salud? Aquí entramos en un campo de minas judicial.

Pero más allá de los argumentos epidemiológicos, resulta que lo que ha hecho Catalunya ya lo han hecho antes dos territorios, Euskadi y Galicia, sin ningún problema. No se entendería, pues, que a Catalunya no se le permitiera tomar una decisión similar a la que tomaron Alberto Núñez Feijóo e Iñigo Urkullu. Además, hay que subrayar que en el caso catalán no se han agotado los cuatro años de la legislatura, de forma que no se estaría alargando la interinidad del Govern ni privando a la ciudadanía del derecho a voto más allá de lo que prevé la ley. Es evidente que el decreto tendría que ser jurídicamente impecable, y así se espera de los servicios jurídicos de la institución.

Resulta sorprendente que los recursos contra el aplazamiento no los hayan presentado partidos que sí que concurren a las elecciones sino otros que no, como la Lliga Democràtica o Izquierda en Positivo, o colectivos como Federalistes d'Esquerres o Impulso Ciudadano, liderado por uno de los miembros fundadores de Ciudadanos como José Domingo, cosa que hace sospechar de que haya motivos electoralistas detrás. Y todavía una cosa más: no estaríamos aquí si se hubieran convocado las elecciones cuando ya se sabía que el presidente Torra sería inhabilitado. Porque, al final, quien acabará decidiendo serán los jueces.

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