Es uno de los grandes fabricantes y exportadores de armas. España ocupa el séptimo lugar del ranking mundial: hace una década que está en el top ten de esta lista, junto a potencias como los Estados Unidos, Rusia, Alemania, China y el Reino Unido, y, por lo tanto, muy por encima de su potencial económico. Está por delante de Israel, Corea del Sur e Italia. Sus principales compradores son los países de la OTAN, en especial Alemania y el Reino Unido, seguidos a distancia de Francia y Australia. En quinto lugar tiene dos clientes polémicos: Arabia Saudita y Turquía. Debido a la guerra de Yemen, plagada de atrocidades, Alemania e Italia han dejado de vender a los saudíes. En cambio, España no. Desde 2015, en la guerra de Yemen han muerto al menos 233.000 personas (hay denuncias de crímenes de guerra contra todos los bandos). El genocidio turco contra los curdos tampoco ha supuesto hasta ahora ningún freno en la venta de armamento español. Detrás de Venezuela, los Emiratos Árabes son el octavo cliente del Estado: las vulneraciones de derechos humanos han hecho que Alemania, Suecia o los Países Bajos le hayan negado la venta de armas. De nuevo, España la ha mantenido.
De hecho, a pesar de tener las herramientas legales para hacerlo, el Estado no controla el uso de las armas que vende: el decreto aprobado el abril pasado de verificación sobre el terreno (certificado de uso final ex post) no se ha usado. La sospecha es que es una manera de pasar la responsabilidad a los países compradores de cara a eventuales procesos penales, y así proteger tanto a las empresas fabricantes como al país productor. A pesar de las presiones de Podemos en el seno del ejecutivo de coalición con el PSOE, de momento su influencia en este terreno no se ha notado, para la decepción de las ONG pacifistas.
El sector armamentístico da trabajo en España directamente a 21.000 personas (más 30.000 lugares indirectos) y factura 6.188 millones al año, un 0,5% del PIB. Está instalado sobre todo en Madrid (65% del sector) y Andalucía; poco en Catalunya (1.746 trabajadores directos). Es un sector muy dependiente del gobierno, que según cálculos del Centro Delàs de Estudios por la Paz, en 2021 dedicará 21.623 millones de los presupuestos al sector militar. La industria militar española tiene una salud de hierro, se ha consolidado en la última década (no ha sufrido la crisis) y se beneficia de la opacidad oficial. Gracias a la ley de secretos oficiales franquista de 1968, desde 1987, con el segundo gobierno de Felipe González, son secretas todas las actas de la junta interministerial encargada de otorgar licencias de exportación de armas. La batalla política y judicial para revertir esta falta de transparencia ha topado hasta ahora con un muro. La Moncloa se ha convertido en un bunker inmune a los discursos de los derechos humanos.
