Esperamos más acción que palabras del nuevo ministerio de Vivienda

El gobierno del recientemente investido Pedro Sánchez pone el foco en la política de vivienda creando un ministerio que tendrá como titular a Isabel Rodríguez. Han sido muy discutidas las últimas declaraciones de la nueva ministra, que ha hecho hincapié en la necesidad de estar junto a los pequeños propietarios. Ha utilizado un discurso muy recurrente a pie de calle: el que habla de la necesidad de proteger a las personas, especialmente a las personas mayores, que han comprado una segunda vivienda con sus ahorros para poder completar sus rentas. Sin embargo, el 97% de los arrendadores viven en una vivienda de propiedad y su perfil medio es de 54 años, estudios superiores y unos ingresos medios de unos 42.000 euros brutos anuales.

Por otra parte, uno de cada tres hogares con ingresos medios cae en situación de sobreesfuerzo económico para hacer frente al pago de la vivienda. Y el 17% de los hogares quedan en situación de pobreza severa después de pagar su vivienda.

Por este motivo, es esencial diferenciar entre lo que es urgente y lo que sólo es importante. Es evidente que como política a largo plazo es importante tener presentes las necesidades de los propietarios, especialmente de los pequeños y, sobre todo, de los que no pretenden especular con sus bienes, porque en muchos casos existe una conciencia social, que sólo es necesario acompañar y fomentar . Ahora bien, es evidente que garantizar el acceso a la vivienda de los ciudadanos es una política no sólo importante, sino también urgente, que exige acciones inmediatas.

Para llevar a cabo esta tarea, es necesario que el nuevo ministerio ponga en marcha los acuerdos adoptados para la investidura del gobierno. Entre estos acuerdos destaca la necesidad de publicar una resolución ministerial que dé luz verde a la aplicación de los topes de alquiler en las zonas declaradas tensionadas por las comunidades autónomas, como Catalunya, que han hecho los deberes. Si para materializar este hito es necesario publicar el sistema de índices de precios de alquiler, es necesario poner manos a la obra y utilizar las herramientas de que ya dispone el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) a través del Observatorio de Vivienda y Suelo. Y no hablemos de un proceso estático, es decir, la aplicación de los topes no implica que no se pueda seguir trabajando con los agentes del mercado para mejorar y perfeccionar el sistema existente. Pero el aumento desmedido de los precios del alquiler hace que sea del todo necesario poner en marcha esta medida de inmediato.

La ministra también ha anunciado la creación inmediata de la comisión que debe regular los alquileres de corta duración. Es un anuncio que ya llega tarde si tenemos en cuenta que, según la ley, esta comisión debería haberse creado antes del 26 de noviembre. Aunque los tribunales les han sometido a unos requisitos restrictivos, este tipo de contratos ha aumentado un 39% sólo en el último trimestre. Por tanto, no basta aprobando una norma que los regule, sino que hay que asegurarse de que exista un proceso de inspección y sanción que garantice que la normativa será efectiva. Que se permita esquivar la norma lo acaban pagando unos inquilinos que se ven obligados a aceptar las condiciones que les imponen para disponer de una vivienda medianamente digna o no perder lo que tienen por miedo a que no les renueven el contrato. Una situación que se da a diario, por ejemplo, con el cobro de comisiones por gestionar contratos, unos costes que deberían ir a cargo de los arrendadores y en muchos casos les están pagando los inquilinos. Así, una de las principales carencias de la ley por el derecho a la vivienda es la ausencia de una regulación que permita inspeccionar y sancionar el incumplimiento de sus normas. Si no existe, establecer topes de precios o prohibir contratos temporales encubiertos o viviendas turísticas puede quedar en papel mojado ante un mercado que presiona y juega con la necesidad que tienen las familias de acceder a un hogar.

Aplaudimos que una de las medidas estrella del gobierno sea conseguir que un 20% del parque se destine a políticas sociales. Pero como una cosa es decir y la otra es hacer, como del prometer al cumplir hay mucho que arrepentir, lo que debería exigirse inmediatamente es que se pusieran a disposición de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos los viviendas de la Sareb, en condiciones y precios que fueran asumibles, porque estas negociaciones están todavía estancadas y en la mayoría de los casos no se sabe ni cuáles son los activos realmente disponibles en cada territorio.