Existe una situación escandalosa de fondo en la política catalana, y española, y es que el Tribunal Supremo se niega a aplicar la ley de amnistía. Que un Tribunal Supremo se declare en rebeldía a una ley aprobada por Les Corts es, como denunció Carles Puigdemont a su comparecencia de este lunes, algo insólito, inaceptable en una democracia.
A su vez, Puigdemont y Junts saben que el cierre del Supremo contra la ley de amnistía responde a motivos no jurídicos sino políticos: lisa y llanamente, a la voluntad de derribar al actual gobierno de España. oportunidad política de que un día u otro la amnistía se llegue a aplicar plenamente (y con efectos sobre los dirigentes del Proceso, como el propio Puigdemont) pasa necesariamente por mantener la mayoría progresista en el Congreso de los Diputados. Otra mayoría conservadora (digamos conservadora por no llamarla ultraderechista) es bien cierto y seguro que no sólo no hará ningún esfuerzo para aplicar la ley de amnistía, sino que lo hará para derogarla. o modificarla a su gusto.
Tal vez estos sean los motivos por los que el presidente en el exilio ha hecho un balance del primer aniversario del pacto de Bruselas diciendo varias cosas para no acabar concretando nada, dentro de la línea del retorno visto y no visto que protagonizó el pasado mes de agosto. Una cuestión de confianza es un procedimiento parlamentario que debe ser activado por el propio presidente que se somete a ella, como bien sabe Puigdemont, que se sometió a una moción de confianza durante su mandato, para renovar la mayoría en el Parlamento que había de apoyar el referéndum del 1 de Octubre. Dicho de otro modo, Sánchez se someterá a una cuestión de confianza sólo si él quiere, y el argumento de que Sánchez quedará mal si una mayoría le pide que se someta a la cuestión de confianza y él se niega es irrisorio. También lo es la pretensión de que la moción de confianza se dirigiría sólo a los grupos que le dieron confianza a Sánchez, y no al PP ni a Vox, como si a éstos les fuera ajeno el resultado de una eventual votación. En fin: como la propuesta ya ha sido registrada en el Congreso, la cuestión de confianza hará más o menos ruido, pero será en balde, porque inmediatamente desde la Moncloa ha llegado la negativa del presidente español a activar este mecanismo.
El resto de la alocución de Carles Puigdemont ha sido un memorial de agravios sobre unas negociaciones que él mismo ha dicho que están en marcha ya las que Junts es interlocutor del gobierno de España. Entre ellas, la reclamación del traspaso integral de la competencia sobre migración y control de fronteras, que sigue sin tener concreción y que, por tanto, debe entenderse como una señal a los votantes (efectivos o posibles) de Aliança Catalana. El sentido de la comparecencia volvía a estar presente, presionar al PSOE, ganar un día o unas horas de protagonismo y dar esperanzas a los partidarios de romper con los socialistas, declarar la independencia unilateralmente y echar la gorra al fuego, como han decidido de hacer en el ANC. Mira si era fácil.