La etiqueta de "fecha de caducidad" en los alimentos es relativamente reciente, en todo caso es una señal de prosperidad y bienestar, pero también de salud.
Pero esta consideración de la limitación del tiempo también ha afectado a la vida social. No hace muchos años el matrimonio, el trabajo o la vivienda eran para toda la vida. Hoy las cosas han cambiado, en el mundo laboral por ejemplo ya no prima la antigüedad, sino todo lo contrario, y alguien que no cambie de trabajo tras un tiempo determinado ya no es valorado en el mercado.
En la vida pública y ahora también en muchos casos del ámbito privado, los cargos son limitados en el tiempo, algo que sin duda favorece la lucha contra la corrupción y permite una mayor eficacia en la gestión. En general, los cargos públicos todavía no tienen una evaluación individualizada y sistemática más allá de los partidos, pero todo llegará.
Hace ya algunos años fui nombrada Vocal del Consejo General del Poder Judicial, un cargo de gran responsabilidad, compromiso e interés, pero también de difícil gestión. Sin embargo, desde el primer día supimos que la duración del mandato era por cinco años, de manera que eras muy consciente que lo que quisieras realizar tenía un tiempo finito. Con posterioridad siempre he pensado que la limitación en el tiempo y a un solo mandato eran una buena opción.
Hoy que el país sufre una profunda transformación, motivada en parte por la pandemia y donde los cambios son más necesarios que nunca, aparecen algunas instituciones como es el caso del CGPJ cuya renovación lleva 1.000 días de bloqueo. Entiendo que además de un incumplimiento de la Constitución, supone una amenaza para la sociedad, pues no hay que olvidar que el Consejo es uno de los órganos más importantes de la democracia española.
A lo largo de los años, y especialmente en estos últimos tiempos, la ciudadanía ha sido especialmente sensible a las resoluciones judiciales, entendiendo que, nos gustaran o no, había que cumplirlas. Pero esta medicina no parece que haga efecto al máximo órgano de gobierno de los jueces de quien en este momento podríamos decir que tiene “secuestrada a la Constitución”.
El daño que este desprestigio hace a la ciudadanía es incalculable, pero también al normal funcionamiento de la Justicia, pues tiene cercenadas sus facultades ya que no puede hacer designaciones fundamentales para la carrera judicial, tales como los nombramientos discrecionales para las Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia o el propio Tribunal Supremo.
Ciertamente no es el único órgano bloqueado, también lo está el Defensor del Pueblo desde 2017, o miembros del Tribunal de Cuentas o del Tribunal Constitucional. Este fenómeno también sucede en Catalunya fruto de la tensión política y la parálisis del Parlament que vivimos en los años anteriores. Hay todavía muchos cargos sin renovar, entre ellos los más importantes seguramente el del Síndic de Greuges, pero también miembros de la Sindicatura del Tribunal de cuentas o del Consell de Garanties Estatutàries y aunque menos conocidos, se encuentran también en esta tesitura los de los medios de comunicación y de otros ámbitos. Todo ello no es un buen síntoma democrático y de funcionamiento y deberían renovarse sin más dilaciones.
Y así la contradicción es aún más patente si recordamos que vivimos en un mundo repleto de limitaciones, donde por regla general saltarse una norma suele ir acompañado de una sanción. Parece pues como si la limitación de un mandato solo fuera a título indicativo y su incumplimiento no tuviera consecuencias.
Pero volviendo al caso más importante del CGPJ – como ya viene siendo una costumbre – gobierno y PP se acusan mutuamente de ser los causantes del bloqueo, y aunque los calificativos se agotan – desprestigio, pérdida de poder, una vergüenza, un mal ejemplo… etc, no parece desde luego que si en tres años no han podido llegar a un acuerdo lo hagan ahora.
Ahora bien, ciertamente podemos echar la culpa de esta situación a los partidos políticos porque no se ponen de acuerdo o porque algunas de las peticiones son inasumibles y por tanto no habrá pacto, pero la pregunta es: ¿Qué pasa con los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial? Es evidente que no tienen responsabilidad directa en el “no acuerdo” para su elección, pero también es cierto que tienen una responsabilidad moral en la medida que siguen ocupando un cargo que conforme a la Constitución ya no les pertenece.
El Presidente Lesmes ha anunciado que abordará este tema el próximo lunes 6 de septiembre en la apertura del año judicial, pero Juezas y Jueces para la Democracia se ha avanzado y según declaraciones de su portavoz Ascensión Martin, se le pide que de “un paso adelante y que dimitan en bloque el Presidente junto a todos los Vocales del Consejo del Poder Judicial” (la asociación ha lanzado una campaña de firmas a favor de esta renovación).
Creo que no puedo estar más de acuerdo con la petición de dimisión en bloque como única alternativa a la resolución del conflicto, ahondando en la idea que finalmente a los representantes del Poder Judicial en el Consejo les debería importar más velar por la idea de una Justicia independiente, que permanecer en un cargo caducado.
