Aunque en política el concepto nunca no existe, pongo este título para dar a entender que se trata de un tema trascendente para la vida colectiva de los catalanes, sean cuales sean sus ideas u opciones políticas. Estos días, a raíz de las especulaciones para saber si se podrá investir a un nuevo president de la Generalitat, se vuelve a hablar mucho de ello. El tema merece dejar algunas opiniones escritas.
La primera consiste en recordar que no estamos hablando de un asunto nuevo. De hecho, es más viejo que Matusalén. De la financiación hablan los dos Estatuts d'Autonomia que se han hecho en Catalunya en las últimas décadas –el de 1979 y el de 2006–, y de financiación se ha discutido siempre que un gobierno español en minoría ha necesitado el apoyo de los partidos catalanistas. Por tanto, nada nuevo en el horizonte. De hecho, el último intento serio para abordar este tema fue en el 2012, cuando se le llamaba “Pacto fiscal en la línea del concierto económico”. Ahora se le dice de otra forma, pero ya se sabe que los nombres mutan.
La segunda opinión es, de hecho, una constatación: desde hace diez años, cuando caducó el modelo de financiación todavía vigente, ningún gobierno español de ningún color ha tenido el más mínimo interés en impulsar uno nuevo. La ley ordena de forma taxativa que cada cinco años se tiene que renovar el modelo, pero los primeros obligados a cumplirla, es decir, los gobiernos centrales, se han pasado el mandato legal por el forro, con la excusa de la enorme complejidad política que conlleva hacerle frente. Ciertamente, la dificultad existe y las trifulcas por el dinero siempre afloran, pero otros temas más complejos se han sacado adelante.
La tercera opinión reside en notar un tema de oportunidad y de eficacia políticas: un objetivo tan relevante como un cambio en profundidad en el modelo de financiación es mejor plantearlo cuando tienes la máxima fuerza en tus manos. En la legislatura presente, ese momento ya se dio: fue la investidura de Pedro Sánchez. Para el partido socialista, retener la Moncloa lo era todo, sobre todo después de perder casi todo el poder territorial en España. Ahora ya tienen el gobierno y, por tanto, disponen de mayor margen de maniobra para ir trampeando las situaciones y los calendarios. Sin embargo, los partidos independentistas siguen siendo imprescindibles para aprobar los retos más sensibles, entre otros, los presupuestos. Han perdido fuerza respecto al punto de arranque de la legislatura, pero siguen teniendo mucha. Y hay que aprovecharla, porque estas situaciones no duran siempre.
Si ciertamente el tema de la financiación debe situarse en el frontispicio de la agenda catalana, quiero hacer hincapié en que debemos hablar de dos cosas: de poder y de dinero. Angustiados y necesitados de dinero como estamos, históricamente hemos puesto más la proa en obtener recursos que en ganar poder. Ahora necesitamos un nuevo enfoque: debemos equilibrar las dos caras, porque son la misma moneda. Si dejamos las cosas como están, incluso disponiendo de más dinero, con el tiempo volveremos a sufrir. La soberanía fiscal es sobre todo poder, y del buen ejercicio de este vendrán más recursos, aquellos que son del todo necesarios para el bienestar de la población y para el progreso de la economía.
¿De qué clase de poder estamos hablando? Sobre todo dos fundamentales, que los vascos y navarros ya tienen sin que se haya roto España: el poder de recaudar y gestionar los impuestos, y el poder de modificarlos en el propio Parlamento. De estos dos poderes, Catalunya dispone de forma mínima. Y quiero dejar constancia de que disponer de ellos de forma plena no cuesta ni un euro. Para obtenerlos no es necesario cambiar la Constitución, solo es necesario modificar como máximo alguna ley orgánica. No pretendo insinuar que sea fácil; conozco de primera mano la enorme complejidad del tema. Ahora bien, difícilmente encontraremos un mejor momento para poner toda la carne en el asador, teniendo en cuenta la actual aritmética parlamentaria en Madrid. O ahora, o nunca.
Si conseguimos disponer de una hacienda catalana plena, es decir, de nuestra soberanía fiscal, entonces es necesario abordar el tema del dinero. Poderes y recursos deberían negociarse en paralelo, pero empezando por los primeros, partiendo de la base de que los poderes se quedan y el dinero va y viene según las circunstancias, siempre caprichosas y, por tanto, volátiles. Es lo que en castellano se conoce como el fuero y el huevo. Necesitados como estamos de los huevos, no perdamos de vista la importancia de controlar el corral.
Para obtener el dinero que nos hace tanta falta y para reducir el déficit fiscal que nos frena hay opciones diferentes. La más clara y objetiva consiste en fijar una cuota anual a través de la cual Catalunya pagaría al Estado por los servicios de los que se ocupa, junto a una segunda cuota destinada a la solidaridad con los territorios menos productivos y más necesitados. De esta forma se pueden combinar tres principios básicos: transparencia, solidaridad y soberanía. Actualmente, la transparencia es opacidad, la solidaridad es barra libre y la soberanía fiscal es residual. O ahora o nunca.
