Fiscalizar a los fiscalizadores
Después de resucitar al quinto día de meditación, Pedro Sánchez fijó la atención en la necesidad de regenerar el debate público: dijo en concreto, y se ha repetido hasta la extenuación, que había que detener “la máquina del barro”, que es una manera de referirse se a la mentira y la difamación. Efectivamente, hace tiempo que la política española (y la que no es española también, pero ahora no es la cuestión), y también la catalana, se basa en la propagación de falsedades sobre y contra los adversarios políticos. Las falsedades incluyen invenciones, acusaciones, tergiversaciones, insultos y deshumanizaciones, tanto de las personas como de las entidades, instituciones o partidos contra los que se quiere actuar. También, si conviene, de su entorno más cercano: lo que hizo reaccionar a Sánchez, por ejemplo, fueron los ataques contra su esposa, Begoña Gómez. Sin embargo: en el caso específico de España, la difamación ha sido uno de los instrumentos políticos que más ha usado la ultraderecha nacionalista. Simples difamaciones sin fundamento llevaron a muchas personas ante consejos de guerra y juicios sumarísimos, durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y muchas familias de víctimas del fascismo se han visto aplastadas durante décadas no sólo por el dolor de la pérdida de familiares y personas queridas, sino también por el oprobio y vergüenza de las difamaciones que pesaban sobre ellos.
Pedro Sánchez señaló el mal, pero no propuso ninguna medida correctora, y no lo ha hecho todavía, por lo que ha recibido muchas y justificadas críticas. Ahora ha sido Podemos, a través de Ione Belarra, quien ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para poner freno a las malas prácticas de los medios de comunicación difamadores, que –en Madrid, sobre todo– no son pocos ni pequeños. Concretamente, cómo leemos en la información de Àlex Gutiérrez en este diario, Belarra y Podemos proponen meter la nariz en los intereses económicos de los propietarios y los directivos de los medios de comunicación y obligarlos a una declaración pública de bienes similar a la que están obligados a hacer los políticos electos. Belarra ha anunciado también medidas de reparación para combatir la desinformación: es decir, que quien haya sido objeto o víctima de una falsedad disponga de espacio y tiempo equivalentes a los medios para desmentir la falsedad. Se trataría de promover la transparencia sobre los contenidos, así como sobre quien elabora y sobre quien paga los contenidos.
Ni que decir tiene que la propuesta, para tratar de lo que trata y para venir de quien viene, contará, precisamente, con una gran cantidad de odio divulgado por el periodismo patriótico siempre de guardia, con sus aspavientos, sus editoriales escritos o locutados con los ojos en blanco y con el lenguaje pomposo y cuartelario de siempre. Periodismo falaz para sostener los casos de lawfare de jueces y fiscales también falazes. Denunciarán, sin duda, una maniobra autoritaria del sanchismo y el independentismo por controlar y censurar los medios. Y se declararán ellos mismos –¿quién puede dudarlo?– defensores y custodios de la decencia y la libertad.