Aunque la motivación última resulte impenetrable y solo el interesado tenga la respuesta, el hecho es que el episodio de la carta de Pedro Sánchez ha supuesto un fuerte cambio de dirección en la legislatura. Hasta la publicación de la carta, la amnistía lo llenaba todo. De repente, la conversación ha cambiado y nos encontramos todos discutiendo sobre democracia, bulos, cloacas, máquinas de fango y crispación.
Resulta lógico pensar que la coalición de izquierdas se sentirá más a gusto hablando de estos nuevos temas que de la ley amnistía, un asunto en el que, según las encuestas, hay una mayoría social en contra. Además, los socialistas han tenido grandes dificultades para justificar su cambio de criterio en este tema: antes del 23-J, la opinión dominante entre sus dirigentes era que la amnistía no cabía en la Constitución. El debate sobre la democracia es muy distinto. El Gobierno puede presentarse como víctima de las maniobras de colusión entre medios, jueces y partidos de derechas, despertando la solidaridad del electorado progresista.
Las protestas del presidente no se limitan al lenguaje político. No se queja sólo de que se utilice un tono agrio, agresivo y descalificador en la política española. Barbaridades se han dicho muchas en el pasado. En 2006, el entonces líder de la oposición, Mariano Rajoy, dijo que “Zapatero no representa ni al Estado ni al conjunto de los españoles”. Hace ya más de 15 años, pues, se declaró ilegítimo al ganador de unas elecciones. Uno de los más estrechos colaboradores de Rajoy en aquellos días, el ex ministro Ángel Acebes, afirmó que “el proyecto de Zapatero es el proyecto de ETA”. Venimos curados de espanto. En esta legislatura se han oído muchos excesos, pero no estoy seguro de que se hayan superado las plusmarcas de crispación.
En realidad, Pedro Sánchez se queja de otra cosa, que a falta de mejor término podemos llamar lawfare, es decir, operaciones políticas en las que se produce una convergencia en las actuaciones de algunos jueces, partidos y medios. Al haber denunciado lo sucedido con su mujer como un caso de lawfare, ha mandado una señal clara de que se ha traspasado un umbral, lo que le obliga a reaccionar. La misma “medicina” que se había administrado a independentistas y gente de Podemos ahora llega hasta el mismo PSOE.
Todo esto significa que, habiendo decidido continuar, no puede contentarse con abrir un mero debate público. No le queda más remedio que aprobar medidas para poner coto a los bulos y los procesos judiciales de intencionalidad política. Está en juego el prestigio y autoridad del presidente.
Si, en estas circunstancias, no consigue desatascar de una vez la renovación del Consejo General del Poder Judicial y legislar para que la publicación de bulos no quede impune, se consolidará la idea de que España es un país irreformable. Un fracaso del bloque de legislatura en esta materia supondrá que no hay manera de frenar las estrategias de la derecha para revertir el resultado de las urnas. Lo que está en juego es si un Gobierno con plena legitimidad democrática consigue protegerse de operaciones que, en última instancia, se basan en una profunda actitud antidemocrática.
El problema consiste en que cualquier avance en este sentido provocará no sólo acusaciones terribles por parte de la derecha, que dirá que se está rompiendo el orden constitucional, la división de poderes y el Estado de derecho, sino también desgarros internos en el Partido Socialista, pues este partido, al fin y al cabo, ha sido, desde la época de la Transición, un partido de Estado, que, en momentos difíciles, ha defendido por encima de todo la estabilidad institucional. Lo ha hecho así ante las revelaciones sobre la corrupción de la monarquía, los excesos judiciales o prácticas cuestionables de las fuerzas de seguridad. Y, en momentos de crisis aguda, como en el otoño de 2017, optó por seguir al Gobierno de Rajoy en la judicialización de la crisis catalana.
Por primera vez, el PSOE se siente atacado por el mismo Estado que ha defendido a toda costa durante tanto tiempo. No cabe pensar que el PSOE se transforme ahora en un partido antisistema, pero no podrá seguir dando un apoyo incondicional a cualquier cosa que se haga desde las entrañas del Estado. La propia supervivencia política del PSOE depende de que encuentre alguna forma de contener la ofensiva que se ha abierto por tierra (partidos), mar (medios) y aire (jueces).
