Frontex y la inmigración en campaña
Campaña. El último fichaje de Marine Le Pen para las elecciones europeas se llama Fabrice Leggeri. Es el antiguo director de Frontex, la agencia de fronteras de la Unión Europea, caído en desgracia por una serie de escándalos investigados por la Oficina Antifraude de la UE y las acusaciones de complicidad de Frontex con las expulsiones ilegales de migrantes por parte de la guardia costera griega. Leggeri entra en política convertido en el tecnócrata que Reagrupamiento Nacional, el partido de Marine Le Pen, necesita para "combatir la ola de migración", y compartirá cartel con el omnipresente Jordan Bardella, una de las figuras de peso del lepenismo. Y eso que Frontex ha sido, tradicionalmente, objetivo de críticas de la extrema derecha francesa. Bardella la ha llegado a calificar de "agencia de viajes para migrantes" y Marine Le Pen se había referido a ella como "eso con dos helicópteros que se supone que deben proteger y controlar las fronteras de toda la Unión Europea" .
Leggeri, sin embargo, se considera una víctima de la presión de las ONG, sus lobis y la Comisión Europea, que, a su juicio, han convertido a Frontex en "una especie de agencia humanitaria" que "controla lo que hacen los estados miembros en sus fronteras exteriores".
Connivencia. Frontex sigue siendo un problema político y de derechos para la UE. La defensora del pueblo europea, Emily O'Reilly, presentaba hace solo unos días el resultado de una investigación sobre las operaciones de Frontex en el mar, encargado tras la tragedia cerca de la costa griega de Pilos, donde unas 600 personas se ahogaron, el pasado julio, cuando la embarcación en la que viajaban se hundió. O'Reilly denunciaba que, a estas alturas, todavía "no existe un mecanismo único de rendición de cuentas a nivel de la UE” que pueda investigar de forma independiente el papel de las autoridades griegas, el papel de Frontex y de la Comisión. Su informe critica las violaciones de derechos humanos, reclama cambios a la agencia para hacerla más garantista y recomienda a la agencia que "ponga fin, retire o suspenda sus actividades" a los países que incumplen persistentemente sus obligaciones de investigación y rescate o violan los derechos fundamentales.
Pero la comisaria de Interior, Ylva Johansson, aseguraba ayer en Madrid que “Frontex funciona bien” y no necesita reformas. El presupuesto de la agencia para este 2024 se acerca a los mil millones de euros.
Responsabilidad. Casi 30.000 personas han muerto ahogadas en el Mediterráneo en la última década. Un mar convertido en el agujero negro de una política migratoria cómplice, que ha empujado a la externalización del control de los flujos migratorios cada vez más al sur del continente africano. Una política construida desde el chantaje institucional en los países de tráfico y origen, y con la deportación como mensaje disuasorio.
Frontex ha tenido y tiene su parte de responsabilidad en la normalización de la violencia en las fronteras. La política del blindaje como mínimo común denominador se ha cargado derechos y no ha logrado rebajar los niveles de hostilidad de aquellos que sacan réditos políticos de la idea de una supuesta amenaza migratoria. Las cifras de llegadas son menores que nunca y, en cambio, el debate migratorio seguirá marcando la agenda electoral para renovar la Eurocámara. Lo demuestra el fichaje de Leggeri. Pero, también, las encuestas que apuntan que las fuerzas euroescépticas o de derecha radical encabezan la intención de voto en nueve estados miembros, pudiendo quedar en segunda o tercera posición en otros nueve países.
