Los frutos inciertos de la mesa de diálogo

La tercera reunión de la mesa de diálogo entre el gobierno español y el gobierno de la Generalitat nos ha dejado una buena noticia y una no tan buena. La buena noticia es que la mesa de diálogo existe, que hay voluntad de mantenerla y que ha dado sus primeros frutos, entre los cuales dos muy importantes referidos a la lengua catalana.

El primer fruto es que el gobierno español "comparte" con la Generalitat que el catalán tiene que continuar siendo la lengua utilizada normalmente como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo de Catalunya, dando por sentado que la enseñanza y el uso "curricular y educativo" del castellano también tiene que estar garantizado. De acuerdo con esto, el gobierno español apoya a la actualización del marco normativo catalán encarnado por la ley 8/2022, aprobada in extremis por el Parlament de Catalunya después del histórico consenso tejido por el PSC, Esquerra, Junts y En Comú Podem. El gobierno español apuntala así el pacto para pacificar la cuestión lingüística en la escuela a cambio de reconocer la vehicularidad del castellano, del cual solo se han descolgado los extremos del arco parlamentario catalán.

En materia lingüística, el segundo fruto más importante de la mesa de diálogo es el compromiso del gobierno español de solicitar a la presidencia del Parlamento Europeo "que considere el catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución". Este compromiso va con fecha: el gobierno español presentará la petición a la mesa del Parlamento Europeo "antes de que acabe el año en curso".

Si esta es la buena noticia, ¿cuál es la mala? La mala noticia (o no tan buena) es que el éxito de los acuerdos logrados en materia de lengua no depende en realidad de la voluntad del gobierno español.

La pervivencia de la ley 8/2022 no la decidirá Pedro Sánchez. La decidirá el Tribunal Constitucional cuando vea las cuestiones y/o recursos de inconstitucionalidad que se hayan planteado sobre esta norma. A primera vista, la causa del catalán lo tiene bien: la ley 8/2022 establece que el catalán es la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo y no excluye sino que incorpora el castellano como lengua docente, que es exactamente lo que bendijo en 1994 la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la primera ley de normalización. Pero hay un peligro: que el Tribunal no vea que esto del uso "curricular y educativo" del castellano es solo el eufemismo ideado para evitar hablar del castellano como "lengua vehicular", que es el sintagma que aparece en la otra sentencia que los magistrados tendrán que tener en cuenta (la del Estatut).

Semejantemente, la posibilidad de usar el catalán en el Parlamento Europeo no la decidirá el gobierno español sino la presidenta Roberta Metsola y los otros 19 miembros de la mesa de la cámara.

En este caso, la historia invita a un ligero escepticismo. La posibilidad de usar una lengua no oficial de la Unión en las instituciones de la Unión fue abierta –a instancia del gobierno español de la época– por el Consejo de la Unión Europea del 13 de junio de 2005. Gracias a aquella decisión del Consejo España ha firmado acuerdos administrativos que permiten el uso del catalán en toda una serie de instituciones de la Unión. ¿Por qué no en el Parlamento Europeo? La razón es sencilla: la mesa del Parlamento Europeo bloqueó la posibilidad de usar el catalán.

Habrá ver si la democratacristiana Metsola hace más caso del gobierno del socialista Pedro Sánchez o de sus correligionarios del PP, que como argüía en 2006 el entonces vicepresidente del Parlamento Aleix Vidal-Quadras blandirán los costes de la incorporación del catalán y el riesgo de establecer un precedente para otras lenguas no oficiales de otros estados de la Unión. Una posibilidad es que Metsola y compañía se avengan a una solución de compromiso y se acepte el uso del catalán en los plenos solo como lengua pasiva, que es precisamente lo que preveía la decisión del Consejo de 2005. Según esto, los eurodiputados catalanohablantes podrían hablar en catalán y sus intervenciones serían interpretadas a todas las lenguas oficiales –a menudo a través de una lengua intermediaria– pero las intervenciones de todos los demás eurodiputados no serían interpretadas al catalán.

En resumen, las dos cosas son ciertas: que la mesa de diálogo ha dado sus primeros frutos y que algunos de estos primeros frutos son inciertos, porque en realidad no dependen de la voluntad del gobierno español. Pero el camino de los acuerdos es abierto y al final es esto lo que cuenta.