El Parlament aprueba la ley por el catalán en la escuela que acabará en el TC

BarcelonaRegular el uso de la lengua en las aulas se ha convertido en una carrera de obstáculos para los partidos. Ha costado el naufragio de un primer acuerdo, alargar las negociaciones dos meses y esperar al aval del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) para poder finalmente llevar al pleno del Parlament la nueva ley del catalán (y del castellano) en la escuela. También ha habido que acelerar el decreto del Govern para evitar la aplicación inmediata de la sentencia que fija un uso mínimo del 25% del castellano, puesto que la ley ha entrado fuera de plazo: acababa el 31 de mayo. Finalmente, los grupos promotores –PSC, ERC, Junts y comuns– han validado el texto este miércoles en el hemiciclo con 102 votos a favor, 29 en contra y una abstención (del diputado de JxCat Francesc Ten). "Trabajar para garantizar la cohesión social también se hace preservando la escuela de la utilización partidista", ha defendido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, celebrando la entrada en vigor de una norma que "es un gran acuerdo de país". A pesar de todo, acabará en el Tribunal Constitucional, tal como ya han advertido los grupos de Vox, Cs y el PP.

La nueva ley define el catalán como lengua vehicular de la enseñanza y el castellano como curricular y se reafirma en que el uso de las lenguas oficiales en los centros educativos se tiene que basar en criterios "exclusivamente pedagógicos". La principal dificultad fue conseguir sumar el PSC y Junts al mismo texto después de que el partido independentista se descolgara del acuerdo del 24 de marzo argumentando que no contaba con el apoyo de las entidades prolengua. De hecho, esta mañana el diputado de Junts Francesc Ten –que estuvo en el equipo negociador del primer acuerdo– ha anunciado su abstención: una muestra de las tensiones internas que se han vivido para llegar al pronunciamiento unitario. Desde el atril del Parlament ha explicado que se abstiene para pedir que el activista Salvador Ribot "abandone la huelga de hambre" por el catalán que está haciendo desde hace días.

El acuerdo ha supuesto intensas negociaciones entre los grupos en cuestiones como por ejemplo si especificar por escrito el rechazo a los porcentajes en la educación –que no queda explícito en el texto definitivo, pero sí en el decreto del Govern– o el uso del término "vehicular" respecto a la lengua castellana: finalmente se optó por "curricular". La norma, que inicialmente consistía en una reforma de la ley de política lingüística, es ahora una proposición de ley además de la aprobada en 1998. ERC y Junts defienden que el pacto garantiza la vehicularidad del catalán y el uso del castellano no se incrementará por esta reforma. En cambio, el PSC –y la CUP– garantiza que el castellano será una lengua de aprendizaje y, por lo tanto, se usará no solo en la asignatura de castellano. Una interpretación que liga con las conclusiones del informe del Consell de Garanties Estatutàries.

La republicana Mònica Palacín ha afirmado que la ley aleja los tribunales de la escuela, insistiendo que se mantiene el catalán como "centre de gravedad" de la enseñanza. "Aquesta ley tiene que permitir despolitizar y desjudicialitzar las lenguas", ha dicho a su vez la portavoz socialista en el ámbito educativo, Esther Niubó: "L'escuela no está para salvar el catalán sino para aprender". Mientras que la líder de los comunes Jèssica Albiach ha defendido que la nueva ley "blinda" la inmersión lingüística y "la cohesión social". Por el contrario, el diputado de la CUP Carles Riera se ha arreciado en el 'no' de su partido al acuerdo insistiendo que "curricular" es el mismo que "vehicular".

Por si no fueran basta las dificultades a las que se han enfrentado los grupos para conseguir un acuerdo mayoritario, la triple derecha ha maniobrado sin descanso para evitar que la ley del catalán llegara a tiempo al hemiciclo, y lo ha conseguido. Los partidos del Govern, el PSC y los comuns llegaron al acuerdo in extremis para aprobar la ley antes del 31 de mayo, pero el hecho de que llevaran el texto al CGE ha retrasado la votación y obligó al Govern a acelerar la aprobación del decreto, que se tendrá que convalidar próximamente sin el apoyo de los socialistas. El decreto garantiza que la responsabilidad a la hora de definir los proyectos lingüísticos de los centros será del departamento de Educación y rechaza de manera explícita el uso de porcentajes en la enseñanza de las lenguas. Este martes llegó el pronunciamiento del órgano, que dando vía libre a la aprobación de la norma. Pero la carpeta continuará abierta: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) todavía tiene que decir si da por buena la propuesta de los partidos, y además la triple derecha ya ha anunciado que lo llevará ante el Tribunal Constitucional.

Los reproches de la triple derecha

El pleno del Parlament ha arrancado precisamente con los reproches de Ciutadans, Vox y el PP. El líder naranja, Carlos Carrizosa, ha hablado de "hispanofobia" y ha comparado los partidos impulsores de la proposición de ley con la dictadura: "Franco hizo un flaco favor al castellano imponiéndolo, y ustedes harán el mismo con el catalán". La extrema derecha ha cargado contra los gobiernos de Felipe González y José María Aznar porque permitieron la inmersión lingüística y no impugnaron en su momento el catalán en la escuela. "Los políticos han fallado", ha dicho su portavoz, Joan Garriga, defendiendo el papel de las entidades unionistas que han ido a los tribunales a pedir el 25% de castellano en las aulas. Por su parte, el líder del PP en Catalunya, Alejandro Fernández, ha acusado al Govern de querer "sustituir" el castellano por el catalán en la escuela. "El sistema de inmersión es ilegal en todo mundo", ha defendido.