Fundaciones: que el ruido no esconda la realidad
En los últimos meses, los medios de comunicación se han hecho eco de la presunta gestión irregular de algunas fundaciones. Desde la Coordinadora Catalana de Fundaciones queremos expresar nuestra preocupación por la afectación que estas informaciones pueden generar en la reputación del mundo fundacional, un sector amplio y diverso, comprometido con el interés general y esencial para el bienestar colectivo.
Manifestamos nuestro respeto absoluto por los procesos judiciales y administrativos, así como por el principio de presunción de inocencia, y nuestra confianza plena en los mecanismos de control existentes para velar por el buen funcionamiento de las fundaciones. Sin embargo, es importante aprovechar este contexto para hacer una reflexión más profunda: una posible mala praxis no puede deslegitimar un modelo arraigado en Cataluña desde hace siglos, que ha demostrado su solidez, su compromiso y su capacidad de respuesta y generar valor para toda la sociedad.
Antes de continuar, es importante poner en contexto: ¿cómo explicaríamos qué es una fundación y su peso en la sociedad a alguien que nunca ha oído hablar de ello? Hablamos de entidades sin ánimo de lucro que, necesariamente, deben llevar a cabo actividades al servicio del interés general. Representan una de las expresiones más genuinas del compromiso cívico y comunitario. En Cataluña, existen más de 2.100 fundaciones activas que trabajan en ámbitos tan esenciales como la salud, la educación, la investigación, la cultura, la acción social o el medio ambiente, y dan respuesta a necesidades que no serían cubiertas sin sus recursos, equipos y capacidad de acción.
El mundo fundacional es hoy un pilar fundamental para el progreso y la sostenibilidad de nuestro país. Complementa políticas públicas, innova en la respuesta a necesidades sociales y es clave a la hora de construir una sociedad más justa, cohesionada y avanzada. Además, contribuye a vertebrar el país y garantizar que servicios básicos lleguen a toda la población.
Su trabajo constante beneficia a miles de personas y esto se traduce en datos concretos: en 2022, las fundaciones prestaron más de 42 millones de servicios en Cataluña, el equivalente a 5,5 servicios por habitante. Generan cerca de 102.000 puestos de trabajo, cuentan con la colaboración de más de 45.000 personas voluntarias y movilizan a alrededor de 6.000 millones de euros anuales para impulsar iniciativas que benefician al conjunto de la sociedad.
Y más allá de las cifras, hay historias. Historias de fundaciones, que a menudo pasan desapercibidas, que investigan para curar enfermedades, que acompañan a niños y jóvenes en su formación, que atienden a personas en situación de vulnerabilidad, que promueven un futuro más sostenible o que acercan la cultura por todo el territorio. Historias de compromiso, de vocación de servicio y de voluntad transformadora que sostienen silenciosamente muchos de los logros colectivos que nos enorgullecen como sociedad.
Por todo ello, no podemos permitir que cualquier conducta irregular, por excepcional que sea, ponga en riesgo la confianza de la ciudadanía en el conjunto del sector fundacional. Y si se produce una mala praxis, hay que tener claro que el problema no es el modelo fundacional, sino el uso fraudulento que pueden hacer algunas personas de forma interesada. Ante estos casos, es necesario actuar sin ambigüedades: que se investiguen, que se aclaren y, si es necesario, que se depuren responsabilidades. El sector fundacional, comprometido con su misión y valores, debe ser y será contundente con cualquier actuación que ponga en riesgo su integridad.
En este punto, es interesante plantearnos una pregunta: ¿qué tratamiento reciben otras organizaciones y figuras jurídicas ante situaciones similares? ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando una empresa protagoniza un caso de gestión presuntamente irregular? Lo habitual es que se ponga el foco en las responsabilidades individuales, pero nadie cuestiona la figura empresarial ni la legitimidad de las miles de empresas que operan en el país. Pese a ser un argumento muy sencillo y evidente, el mismo criterio debería aplicarse a las fundaciones y otras entidades no lucrativas, si queremos ser justos y rigurosos.
Desde la Coordinadora Catalana de Fundaciones mantenemos un firme compromiso con la transparencia, el buen gobierno y la mejora continua. Como entidad representativa del sector fundacional en Cataluña, somos los primeros interesados en que todas las fundaciones actúen de acuerdo con la legalidad vigente y los valores éticos que definen esta forma jurídica. Y también somos los primeros en condenar cualquier desviación que pueda poner en riesgo la reputación de un colectivo que trabaja, todos los días, para mejorar la vida de las personas.
Igualmente, expresamos nuestro respeto y confianza en el papel del Protectorado de Fundaciones, el órgano de la administración que vela por el buen ejercicio del derecho de fundación y para asegurar el cumplimiento de sus fines. De hecho, dentro del conjunto del Tercer Sector, no existe otra figura jurídica sometida a un grado tan elevado de regulación y exigencia en materia de transparencia y rendición de cuentas como las fundaciones.
No dejamos que el ruido esconda la realidad. El sector fundacional catalán no sólo es necesario: es dinámico, responsable e insustituible. Hay que arrojar luz sobre este patrimonio colectivo —a menudo desconocido— con datos objetivos, pero sobre todo con historias humanas, testigos que ayuden a explicar el papel decisivo que juegan las fundaciones catalanas que, día a día, trabajan para mejorar la sociedad.
