Gobernar sin presupuesto: ¿un cambio de régimen?

"Un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada", dijo Pedro Sánchez en marzo de 2018. Y en noviembre de 2022, Salvador Illa reprochó a Pere Aragonès que "Catalunya no tuviera presupuesto aprobado con todo lo que está pasando en el mundo". Claro que las circunstancias han variado, ambos entonces estaban en la oposición y hoy gobiernan. Ahora el presidente español dice ilusoriamente que cumplirá con su obligación, y la consellera de Economía, Alícia Romero, asegura que si no hay presupuesto "no se acaba el mundo ni cae Catalunya". Son dos formas distintas de salir del paso, marcadas una por el optimismo de la voluntad y la otra por el pesimismo de la razón, que diría Gramsci.

No cabe duda de que ambos gobiernos, el español y el catalán, están vulnerando el mandato constitucional y estatutario de presentar el proyecto de presupuestos en el Parlament. El efecto inmediato de ello es la neutralización de las cámaras parlamentarias, a las que se impide ejercer algunas de sus funciones elementales: aprobar las cuentas y controlar al ejecutivo. No en vano, el debate y la votación presupuestaria son las herramientas por excelencia que permiten a la oposición expresar su desacuerdo con la orientación política gubernamental, más que los debates generales como el de esta semana en el Parlamento, ya que perder una votación presupuestaria implica, aunque sea convencionalmente, tener que disolver la cámara y convocar elecciones para pura lógica de Pedro Sánchez, rememorando lo que él hizo en 1996 cuando carecieron de los apoyos necesarios.

Cierto que sin presupuestos es difícil gobernar. En España las últimas cuentas aprobadas fueron las de 2022 y en el Principado las de 2023, en un contexto político interno e internacional muy diferente al que nos encontraremos en 2026. Como es igualmente verdad que el mundo no acaba aquí. En España, la prórroga de 2025 será la undécima en democracia, y en Cataluña, la sexta. Este año la ministra de Hacienda ha modificado créditos del presupuesto prorrogado por valor de 38.000 millones y en Cataluña en 2025 se ha realizado por valor de casi 4.000 millones. Ahora bien, lo que es una medida excepcional y urgente no puede ser una costumbre, teniendo en cuenta, además, que la prórroga no tiene tantas limitaciones legales como suele decirse.

Algunos juristas consideran que por ese camino se está produciendo una mutación constitucional (y estatutaria), porque, pese al mandato constitucional y estatutario, lo que antes se entendía como una obligación ahora ha pasado a ser una mera opción. Y esto choca con el hecho de que nuestra forma parlamentaria de gobierno establece un sistema en el que el ejecutivo se legitima si su programa cuenta con el apoyo mayoritario de la cámara. Lo contrario es otro sistema, el parlamentarismo negativo, según el cual el gobierno le basta con un apoyo tácito consistente en una suma de acuerdos puntuales con diferentes grupos a los que les repugna la fuerza política alternativa. En este modelo, el gobierno no tiene más proyecto que sobrevivir como sea. Y hay quien dice que la mutación supone pasar de un régimen parlamentario a otro presidencialista.

En mi opinión, el incumplimiento es palmario, pero el ordenamiento no prevé ninguna sanción jurídica en forma de disolución automática del Parlament o de obligación de plantear una cuestión de confianza, como ocurre en los ayuntamientos. Podría hacerse cambiando las reglas del juego. Mientras, la sanción es sólo política, lo que significa que a la oposición no le queda otro recurso que acudir al derecho de patalear. Sin embargo, la oposición también tiene alguna responsabilidad, en todo esto: al fin y al cabo, es razonable pensar que los acuerdos de investidura son para cuatro años, porque se facilita la elección de un candidato y se apoya un programa a cambio de contrapartidas que el gobierno debe tener tiempo y forma de ejecutar.