Las respuestas a esta pregunta pueden ser diversas, y sin embargo yo aventuro una: sin presupuestos se puede administrar, pero no gobernar. La distinción entre estos dos conceptos no es menor. Administrar equivaldría a garantizar el funcionamiento ordinario de los servicios públicos y la continuidad de las políticas públicas ya iniciadas. En cambio, gobernar comporta marcar prioridades, transformar el presente y preparar al futuro. Para administrar no es necesario un gobierno, es suficiente con los empleados públicos. Para gobernar en el sentido que he mencionado sí es necesario un gobierno.
En Cataluña, como es sabido, los últimos presupuestos aprobados fueron los del 2023. En ese momento había un gobierno conjunto entre ERC y Junts; el presidente era Pere Aragonès y el consejero de Economía Jaume Giró. De eso hace tres años, un tiempo claramente excesivo. Ciertamente, esta situación anómala no implica un cierre de los servicios esenciales: los CAP y los hospitales siguen atendiendo a la población, las escuelas siguen formando a los niños y jóvenes, los Mossos llevan a cabo sus tareas de seguridad, y el transporte colectivo que no depende del Estado español opera con normalidad. Son algunos ejemplos de entre otros muchos que podríamos mencionar. En el día a día de la mayoría de los ciudadanos, no disponer de nuevos presupuestos no se nota mucho. Entonces, ¿por qué suele subrayarse que el hecho de disponer de presupuestos resulta tan sustancial? Incluso, a menudo, se destaca que la ley de presupuestos es la más determinante de todo un año. Recordemos, en este sentido, que el presidente Aragonés convocó elecciones anticipadas hace dos años porque los Comuns decidieron tumbar los presupuestos. ¿Estamos ahora en una situación similar?
En los últimos días hemos visto que el gobierno catalán ha retirado el proyecto de presupuestos del Parlament. Algo que ha evitado una dolorosa derrota parlamentaria, pero que ha puesto de manifiesto una evidente debilidad gubernamental. La presión sobre ERC no ha funcionado, de momento... Sin embargo, la conclusión es diáfana: en el mejor de los casos, Catalunya no tendrá nuevos presupuestos hasta el segundo semestre de este año, y ni siquiera está garantizado. Dicho con otras palabras, la mayoría que en verano de 2024 hizo posible el gobierno del presidente Illa no está operativa. Y no lo es en lo que resulta más esencial: disponer de la principal herramienta para hacer aquello para lo que fueron escogidos, es decir, para gobernar. Desgraciadamente, nos estamos habituando a que situaciones que deberían ser excepcionales las vemos, y aceptamos, como normales. Pero no lo son. No aprobar presupuestos debería ser la excepción, no la norma. Y resignarse acríticamente ante anomalías como ésta no deja de ser un signo de debilidad democrática y de conformismo mal entendido.
La justificación que esgrime, o que ha esgrimido hasta ahora, la dirección de ERC para aplazar el trámite del presupuesto gira en torno al incumplimiento por parte del partido socialista del traspaso de la gestión del IRPF. Ciertamente, hasta ahora, los principales acuerdos de los republicanos con los socialistas se han quedado cortos. Lo que iba a ser un traspaso integral del servicio de Cercanías no será integral. Lo que debía ser un sistema de financiación singular para Cataluña no será singular. Y el compromiso que la Generalitat gestionará la cesta de impuestos que pagamos los catalanes está muy lejos de hacerse realidad. Con este balance, se entienden las dudas de los dirigentes republicanos, pero sin embargo no deja de ser el resultado de lo que ellos mismos han negociado y de lo que fijaron, en su día, como prioridades.
Quiero llamar la atención sobre un argumento que se está repitiendo hasta convertirse casi en una supuesta verdad absoluta: se nos dice que el problema para formalizar la cesión de la gestión del IRPF es que la ministra de Hacienda es la candidata del PSOE a las elecciones andaluzas, y que no se puede permitir acudir a esas elecciones. Preferiría equivocarme, pero mucho me temo que pasadas las elecciones andaluzas el arrecife de fondo seguirá aflorando. Y el arrecife no deja de ser que el PSOE debería aceptar que la gestión tributaria la hagan las instituciones catalanas y no las estatales. Si no lo ha aceptado con Cercanías, por la oposición de la Renfe, ¿lo aceptará con la Agencia Tributaria? Veremos...
La realidad, más allá de los tira y aflojas de estos días con los presupuestos, es que con fuertes divisiones internas los republicanos hicieron posible el gobierno del presidente Isla. Las condiciones que pusieron dependen más del PSOE que de la política catalana y, en consecuencia, estamos sujetas a los intereses de los socialistas españoles. Unos intereses que, mucho me temo, se irán alejando de las necesidades y prioridades catalanas a medida que se acerquen las elecciones generales que, como mucho, tocan el próximo año. Y desde Cataluña hay que decidir si nos conformamos con seguir administrando, o si queremos gobernar.
