Según la narrativa oficial, el 23-F fue el día en que todo pudo caer, el día en que la frágil e incipiente democracia española se salvó a sí misma (mediante la intervención providencial del rey Juan Carlos) de la procelosa tradición de golpes de estado y pronunciamientos que estalona la historia española moderna. Pero en realidad fue el día en que la democracia española acabó de configurarse tal y como es: ya tenía Constitución, instituciones y reconocimiento internacional, y le faltaba sólo un golpe de estado. Una palmadita de estado que funcionara como profecía autocumplida: lo ve, ¿cómo hay rumor de sables? Lo ven, ¿cómo debemos estar agradecidos al rey Juan Carlos por habernos dado (y, encima, salvado) la democracia? Lo ven, ¿cómo todo cuelga de un hilo y es mejor no formular demasiadas exigencias porque todo se puede estropear de un momento a otro? Por si acaso, y para que nadie quiera correr demasiado (para que ningún extremismo de izquierdas o ninguna reclamación nacional de catalanes o vascos vuelva a despertar a la bestia fascista), procederemos a hacer Loapa y así todo quedará más armónico (las siglas Loapa, en castellano, quieren decir ley orgánica de armonización autonómica; fue, como el que dice, una involución antes de empezar). En una medida importante, el espíritu de la Transición consistió en una gestión cautelosa, ya menudo cínica, de las trampas que los poderes del estado le ponían en el estado mismo, en el arduo y no tan modélico camino (hubo decenas de muertes) de un régimen a otro.
Al cabo de cuarenta y cinco años de aquellos hechos, el resultado es una democracia, sí, pero una democracia en la que existe una guerra sucia judicial, o lawfare, poco y mal disimulada, cuyo objetivo principal es devolver al poder las fuerzas políticas que de manera implícita o explícita se reclaman herederas ideológicas del franquismo. Es, también, una democracia que ha encarcelado a líderes políticos y civiles independentistas, que ha perseguido judicial y policialmente al independentismo, que ha tenido que hacer una ley de amnistía y no la puede aplicar porque los jueces se declaran rebeldes (!), que todavía tiene políticos independentistas inhabilitados y en el exilio, que de exiliarse) por el delito de injurias a la Corona, que sigue teniendo vigente la ley mordaza y en la que la extrema derecha campa y marca el debate público, el ritmo y las normas en las que este debate se produce. Una democracia en la que el anterior jefe del estado –aquel Juan Carlos que, por el mismo precio, nos dio la democracia y la salvó– ha resultado ser un evasor fiscal a gran escala que vive, a expensas del erario público, acogido por una dictadura teocrática que no reconoce los derechos humanos. Ahora que hemos visto la imagen de un importante miembro de la realeza –británica– detenido por la policía, es buen momento para reivindicar la radicalidad democrática: la democracia no es un proceso terminado; en España apenas ha empezado. Y muchos quieren volver aún más atrás que hace cuarenta y cinco años.
