La magnitud de una catástrofe natural la determina los estragos que causa y las dificultades de reconstrucción, pero los estragos están directamente relacionados con la fragilidad del sistema contra el que impacta la tragedia. Fragilidades territoriales y fragilidades de la organización de los servicios públicos.
Vivimos, sin embargo, en espacios profundamente transformados y, cuanto más urbanizados están los espacios, más nos alejamos de la simbiosis que alguna vez tuvimos con el hábitat natural. En los últimos 50 años, la concentración urbana ha sido imparable. Las densidades de población nos muestran el despoblamiento del interior y la acumulación en las poblaciones costeras, configurando fenómenos metropolitanos que generan sus propios problemas y olvidan que los ríos y rieras mediterráneos son cortos y bajan de pendientes, y que el régimen pluvial es irregular, abrupto, a veces salvaje.
La Huerta (Norte y Sur) de Valencia tenía, sólo hace seis décadas, una imagen de casitas blancas aisladas en medio de cultivos de regadío, muchos de ellos por inundación. El dibujo de los azudes y las acequias por donde discurría el agua en sus cajeros de tierra es hoy material de museo y ejercicio de melancolía.
El crecimiento demográfico, sostenido y constante cada década, ha conseguido doblar a la población del País Valenciano en los últimos 60 años. Para prestar servicio a la población acumulada se necesitan trenes, autovías, sistemas para trasladar energía eléctrica, colectores para agua potabilizada, colectores para aguas residuales. La tela de araña, en parte invisible y en parte en forma de cicatrices perpendiculares al trazado natural de los ríos que bajan de los primeros contrafuertes del Sistema Ibérico, va poniendo a prueba la ingeniería y la conciencia. No es muy diferente a lo que ocurre en muchas zonas de Catalunya.
En el País Valenciano se ha construido a gran velocidad. Hubo un momento que consideraron que era necesario acelerar más el ritmo ya acelerado de la codicia, de la ganancia desaforada y fácil de la inversión inmobiliaria, y aprobaron la ley reguladora de actividad urbanística de la Comunitat Valenciana (6/1994, de la Generalitat Valenciana) –algunos alcaldes catalanes combatimos los intentos prospectivos de adaptar nuestra legislación a lo que suponía reconocer la desvinculación del derecho a desarrollo urbanístico del dominio civil de la propiedad de los terrenos–, y nació el agente urbanizador (promotores inmobiliarios, a menudo asociados con empresas constructoras) que presentaba ante la administración local iniciativas de urbanización sin autorización de los propietarios (una forma de urbanizar nuevos espacios que sólo tenía la Comunidad Valenciana).
No es casualidad que los grandes proyectos supermegaespeculativos se hayan desarrollado en esta zona del levante peninsular.
Aunque se ha construido en zonas húmedas, no conozco ninguna norma que singularice la edificación de l'Horta como debería. Ahora sabemos que quizás los coches deben acumularse en estantes elevados y que las plantas bajas no son un lugar seguro y los puentes deben tener más luz (longitud entre soportes). Debates que seguramente ocuparán los responsables territoriales en el futuro.
Las lluvias del pasado 29 de octubre habrían causado estragos en toda distribución urbana, porque en algunos lugares las precipitaciones superaban todo lo previsible. Entonces, cuando los hechos superan lo previsible, las sociedades organizadas que no pueden garantizar el riesgo cero y las que han construido cerca de los barrancos de desagüe deben dotarse de sistemas de prevención y aviso. En el caso de Valencia, la protección civil figura ya en el primer Estatuto de 1982, en el artículo 49, el de las competencias exclusivas. Exactamente el mismo artículo y el mismo enunciado se repite en la reforma de 10 de abril de 2006. En el mismo artículo que le otorga competencias en ordenación del territorio y urbanismo.
La protección civil quedó definida por sentencia del Tribunal Constitucional como el "conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir daños causados a personas y bienes por toda clase de medios de agresión y por los elementos naturales o extraordinarios en tiempo de paz. La amplitud y la gravedad de sus efectos podría hacerles alcanzar el carácter de calamidad pública". Escuchando al gobierno de la Generalitat Valenciana me cuesta creer que sean conscientes de las competencias de sus estatutos y de la importancia de la protección civil para la ciudadanía.
Si los estragos están directamente relacionados con la fragilidad del sistema contra el que impacta la tragedia, entonces el desconocimiento de sus obligaciones y el comportamiento durante el día y la noche del 29 y 30 de octubre hace evidente que la fragilidad, debilidad y desconocimiento dejaron a sus ciudadanos en la indefensión absoluta de una riada desbocada que la misma acción antropogénica ha elevado a cataclismo.
Si la sociedad del riesgo quiere saberse segura, debe ser gobernada por personas libres y responsables. Si los negacionistas climáticos llaman al enriquecimiento desaforado, los que no lo somos debemos llamar: protéjanos.
