La guerra en los tribunales como estrategia de poder
Un juzgado acaba de declarar ilegal la colocación de la bandera del arcoíris en el balcón del Ayuntamiento de Zaragoza durante el día del Orgullo gay. Este es un gesto habitual que realizan numerosas instituciones públicas de todo tipo en nuestro país. Los símbolos exhibidos en las instituciones hace tiempo que se han convertido en una arena de batalla, incluso antes de la destitución de Quim Torra por su guerra de las pancartas a favor de los presos. En el caso de Zaragoza, el juez ha utilizado la doctrina del Supremo contra la exhibición de banderas “no oficiales” en edificios públicos, que en realidad estaba específicamente destinada a impedir la colocación de insignias independentistas –aunque por primera vez se usó contra la canaria–. Pero una vez emitida sentencia, da igual contra qué banderas se use: todas mal.
A la organización fundamentalista Abogados Cristianos le ha venido muy bien esta doctrina para querellarse contra un buen número de ayuntamientos y gobiernos locales que celebran el 28J exhibiendo el tradicional arcoíris. Aunque no siempre los tribunales les dan la razón. Hace unos meses, otro juez andaluz archivó la interpuesta contra el alcalde de Cádiz. No ha quedado claro por tanto qué va a pasar este año. Presumiblemente muchas instituciones volverán a colgarla y Abogados Cristianos se querellará de nuevo porque es lo que hacen habitualmente: abusar del derecho para intervenir en política y limitar derechos y libertades.
De hecho, la batalla legal como estrategia política se ha demostrado muy efectiva en todo el mundo para impulsar la agenda ultraconservadora. Aquí no solo lo usan Abogados Cristianos, Vox se persona habitualmente como acusación popular en muchas causas y el sindicato Manos Limpias ha llegado a ser investigado por abuso procesal. En el caso de Abogados Cristianos hoy son conocidos por encausar a Willy Toledo por blasfemar pero pueden llegar a tener hasta cincuenta causas abiertas simultáneamente contra artistas, políticos, periodistas o activistas feministas o LGTBI que consideran actúan contra la religión católica. En España, el delito premoderno de “ofensa a los sentimientos religiosos” está convirtiéndose en un límite para la libertad de expresión –y de protesta–. Fue utilizado por ejemplo para multar a una activista como organizadora de una protesta a favor del aborto: la Procesión del Santo Chumino Rebelde en Málaga. De hecho, Abogados Cristianos también se han dedicado a acosar en los juzgados a las clínicas privadas que realizan interrupciones del embarazo acusándolas de cualquier cosa que se les ocurra como “publicidad engañosa”.
Aunque a penas ganan ningún pleito, para las personas o instituciones denunciadas una querella de este tipo puede suponer años de proceso, gastos económicos y un considerables desgaste. Se trata de utilizar el mismo proceso como pena e instrumentalizar el derecho de acceso a los Tribunales. Su objetivo: la intimidación y evitar que otras personas se expresen contra la religión o los valores ultracatólicos. El litigio estratégico también es una forma de propaganda, sirve para darse a conocer y montar guerras culturales. Basta ver el gran impacto que tienen en prensa. Si muchas de estas querellas o denuncias son desestimadas y si es tan evidente su uso político –como en el caso de las banderas del arcoíris– la pregunta es por qué se admiten tantas a trámite.
Por desgracia, el gremio de los jueces no destaca precisamente por su progresismo. De hecho, para organizaciones como Abogados Cristianos impulsar la agenda ultraconservadora no pasa únicamente por promover los valores del cristianismo fundamentalista, implica una estrategia de poder. Si no, no tendría sentido que se querellasen contra el ex vicepresidente Pablo Iglesias por varios delitos, entre ellos homicidio imprudente, por “su gestión” de la crisis del coronavirus en las residencias de ancianos. Un planteamiento absurdo que no llegará a ningún sitio en términos legales pero que tiene un objetivo muy claro: crear realidad, hacerlo existir al ser recogido por los medios. Como comprobamos en la proliferación de las teorías de la conspiración más inverosímiles, en algunas cabezas predispuestas puede arraigar casi cualquier idea. Política por otros medios, los tribunales se convierten aquí en escenarios para que los movimientos activistas de extrema derecha intervengan en política institucional mientras proclaman su independencia de los partidos.
