Menos hablar y más hacer

Tenemos problemas serios en Cataluña y España. Y hemos llegado donde estamos por no haber movilizado soluciones identificadas. Planificar los problemas no los resuelve, pero crea una esperanza de solución; cambia la percepción de ellos. Hacemos una lista de problemas presentes:Vivienda: precio y accesibilidad. Enseñanza: deterioro de la calidad y conflicto con los docentes. Cercanías: mal servicio y problemas de gestión no resueltos, sindicalismo excesivo y falta de inversión. Medio ambiente y campesinado: cambio climático, incendios, cadena de suministro de alimentos anticuada, exceso de burocracia. Reparto de la financiación pública entre las comunidades autónomas y el gobierno central: recursos insuficientes para las comunidades autónomas con la mayor parte del gasto corriente. Poder judicial: en conflicto con el ejecutivo y el legislativo. Para estos problemas hay soluciones.Vivienda. Los ayuntamientos deberían poder ceder suelo a las comunidades autónomas por 30 años, con posibilidad de compra al final de la cesión. Una empresa publicoprivada (al 50%) construye y alquila. El capital público hace un préstamo a 30 años al 3%. El capital privado, una inversión con una remuneración al 5%, indexada. Una vivienda de 80 m² o 100 m² construido en suelo cedido por un ayuntamiento cuesta unos 150.000 €. Los costos anuales de una vivienda de estas condiciones ascenderían a 7.500 €: los 1.250 € del interés del préstamo; 2.500 € del retorno del capital, y 3.750 € del dividendo del inversor privado.La renta anual de una familia con renta media-baja, una vez descontado el IRPF, es de 25.000 €. El coste de la vivienda debe ser menos del 30% de la renta: 7.500 €/año. Encaja. Es la solución adoptada en Austria –hace 100 años– y en Holanda –hace 40.Enseñanza. Resolver el conflicto requiere gestión y dirección, y no prácticas funcionarias. El problema no es el dinero –ha habido un incremento de la remuneración de los docentes– ni la reducción de ratios profesor-alumno, que han disminuido. El problema es la gestión de los centros y la mejora de la formación de los profesores: hay que aumentar su componente científico para promover un aumento de vocaciones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Hoy, estos estudios suponen el 18% de estudiantes universitarios, cuando deberían representar, como mínimo, el 21%, para mantener un desarrollo armónico con las políticas de I+D y la modernización de la economía. Y los alumnos deciden qué estudiar mientras cursan la secundaria.El curso 2024-2025 había en Cataluña unos 39.000 profesores de infantil y primaria, y unos 43.000 de secundaria y enseñanzas postobligatorias. Después de las reformas pactadas esto supone un gasto anual de 5.900  millones de euros, a los que hay que añadir 2.200  millones para la enseñanza concertada. El problema no es económico: nunca ha habido tanto dinero. La negociación ha sido sindical y no profesional. La autoridad de los directores de centro se reduce mientras la selección y promoción de los profesores se hace más rígida; lo contrario de lo que hace falta. Tener el profesorado como funcionarios, y descontentos, es un error. Nos estamos perjudicando en una cuestión que es nuestro futuro. La fortaleza de Cataluña, España y Europa es nuestra gente, y no sobresalir en la enseñanza tiene un coste alto. Lo estamos viendo.Cercanías. El servicio es malo. En Cataluña hay dos redes, con dos anchos diferentes que facilitan la desagregación: el ancho UIC –que, al comunicar Cataluña con España y Francia, debe ser responsabilidad del gobierno central– y el ancho ibérico. Por esta segunda red solo circulan Cercanías y regionales (y mercancías que en un futuro dejarán de circular por ella). Hay un déficit de inversión de 15.000 millones de euros en esta red en 40 años. Si añadimos la nueva línea de la costa –la actual es precaria–, y los garajes y talleres, la inversión necesaria es de 20.000 millones de euros. Un gasto de 2.000 millones de euros durante diez años es asumible.Renfe y Adif deben eliminarse de Cercanías y regionales. Son empresas públicas del gobierno central, controladas por un sindicato corporativo y en las que el mantenimiento del poder sindical será siempre superior a la mejora del servicio. Se ha visto en los últimos meses. Este sindicato, que defiende sus intereses en detrimento de los de la ciudadanía, tiene en Cataluña menos de 1.000 afiliados. Vencer esta resistencia para constituir una empresa nueva que gestione los trenes regionales y de Cercanías es factible, a pesar de la oposición sindical. Es mejor contratar nuevo personal que “convertir” el actual. Los que no quieran, que se queden en Renfe y Adif.Una iniciativa fácil y urgente es un servicio de información sobre la circulación de los trenes que llegue al móvil de los usuarios y les permita conocer, en tiempo real, los horarios reales de los trenes ese día. Ahorraría miles de horas a la ciudadanía y reduciría la molestia de no saber cuándo llegarán los trenes a las estaciones. Con la tecnología actual, el coste es prácticamente nulo.Medio ambiente y agricultura. Necesitamos un cambio en la producción de alimentos para mejorar la eficiencia y reducir el impacto en el medio ambiente. Hay que aumentar la producción vegetal sobre la animal, que consume más agua y contamina más. Los hábitos alimentarios no se pueden cambiar de repente, pero sí de manera progresiva con una política a 20 años.Financiación. El nuevo plan de financiación de las CCAA, pendiente de aprobación, supone una transferencia de 21.000 M€/año del gobierno central a las comunidades. No es suficiente, pero es un paso en la buena dirección. Si no lo hacemos, será por razones de política de “vía estrecha”.Poder judicial. Hay más de 5.000 jueces en España. ¿Cómo puede ser que apenas haya sanciones por conductas inapropiadas? A pesar de que la mayoría sean competentes y hagan su actividad de manera profesional, no es posible que todo el mundo lo haga todo siempre bien en un colectivo de esta dimensión. Hace falta una reforma del sistema que, hoy, es políticamente imposible.Dejo para otro artículo la cuestión de la sanidad –un servicio de alta calidad, pero sobrecargado e insostenible, un problema futuro al que conviene poner remedio ahora– y el turismo –concentración excesiva en meses pico, necesidad de reorientar la oferta hacia una menor cantidad y mayor calidad–. Para el resto, queda patente que en muchos ámbitos –no en todos– se puede hacer lo que hace falta. La política ha de servir para resolver problemas, no para pelearse. Los electores lo han de tener claro.