Sentarse a escribir sobre el asedio a la democracia mientras aparecen en las pantallas las imágenes de rusos votando es justicia poética. Llamamos elecciones legislativas al escenario de cartón piedra organizado sarcásticamente por el régimen de Vladímir Putin. El nuevo zar lleva 27 años en el centro del poder ruso gracias a los métodos entrenados en el KGB. La eliminación sistemática de la disidencia, de la oposición civil y política y de los medios de comunicación libres y un instinto depredador le han convertido en un líder totalitario que nada en la corrupción. Después de ahogar internamente cualquier síntoma de desarrollo de la democracia y arrasar con los oligarcas y la oposición, Putin libra desde hace cuatro años una guerra contra Ucrania, con la aquiescencia china, que está ampliando ahora al conjunto de Europa. La ventaja de los totalitarismos es que el control social no tiene costes. Especialmente para una mente paranoica y gélida como la del presidente ruso, que está determinado a convertir en realidad la expansión territorial que solo conecta con un pasado glorioso en su imaginación.
El teatrillo de Putin coincide con múltiples señales de la guerra híbrida contra Europa y con la necesidad de repensar el desorden internacional y las alianzas democráticas. Este es el objetivo del anuario internacional del CIDOB para el año 2027, que intenta dar claves para interpretar la agenda global y se centra en el meollo de lo que tenemos delante: el asedio a la democracia.
La realidad es que hemos redescubierto traumáticamente que la democracia no es irreversible y que su debilidad también es su grandeza: necesita que alguien la sostenga. No sobrevive porque haya elecciones, constituciones, jueces, prensa o parlamentos. Todo esto es necesario, pero no suficiente. La democracia necesita ciudadanos que crean en ella, instituciones que hagan lo que se espera de ellas, gobiernos capaces de gestionar bien y sociedades que todavía piensen que hay futuro y que se construye colectivamente.
Hoy sabemos que las democracias se pueden erosionar sin que nadie cierre el Parlamento. Basta con que se instale una sensación especialmente corrosiva: la impotencia, la desesperanza en el futuro.
Lo dice claramente el académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff en una entrevista en el ARA: la ciudadanía activa no es un complemento del sistema. Es una de sus condiciones. Una democracia viva necesita ciudadanos que no normalicen lo inaceptable.
Si los ciudadanos y las instituciones son imprescindibles, también lo es la gestión eficiente que evite que los mecanismos creados para impedir el abuso acaben haciendo imposible la acción. Que los “vetos” en forma de controles internos acaben paralizando.
También hacen falta liderazgos mentalmente estables capaces de pensar en el colectivo y no perseguir sombras. Nunca habíamos tenido tanta riqueza en tan pocas manos y con tan poca intención de pensar en plural. Las grandes fortunas tienen hoy dinero, plataformas, audiencias y capacidad de modificar la conversación pública. Pero Ignatieff advierte que hay una confusión que conviene evitar: la riqueza no es inteligencia y aún menos legitimidad democrática.
Hoy hay demasiados temas que no admiten aplazamiento y que son transversales a muchos países: una inteligencia artificial sin control, el envejecimiento de la población, cómo hacer compatible el estado del bienestar y el humanismo con la inmigración masiva, la crisis del clima, la defensa cuando los EE. UU. se repliegan, el acceso a la vivienda, la productividad. Son retos que exigen decisiones complejas, a menudo impopulares y casi siempre de largo plazo. Y chocan con gobiernos frágiles, calendarios electorales cortos y una acumulación de vetos del mismo sistema. Si la democracia no es útil no transformará la realidad y quizás ni sobrevivirá.
Aquí entramos en una cuestión aún más profunda de la cual habla Ignatieff: la crisis del futuro.
Los autoritarismos ofrecen futuros falsos, grandilocuentes o directamente delirantes. Prometen restauraciones nacionales, pasados imaginarios, orden absoluto, identidades homogéneas. Pero ofrecen una narración.
Los políticos democráticos deben poder explicar qué quieren construir para movilizar así a los ciudadanos que garanticen la supervivencia de la democracia.
