El episodio de la supuesta traductora del catalán al castellano que no fue capaz de traducir ni un par de frases sencillas en el juicio contra los cuatro policías que le vaciaron un ojo al activista Roger Español, haciendo que los letrados catalanes tuvieran que autotraducirse o pasar directamente al castellano, no es de ninguna manera anecdótico. En el caso de un juicio político como este (es político un juicio en el que una víctima de violencia policial por razones políticas todavía tiene que pasar por el trago de ser revictimizada para reclamar el reconocimiento que se le debe), un hecho como este debe entenderse como una agresión añadida, o como mínimo sobrevenida, que se tenía que haber evitado por todos los medios. En vez de esto, la agresión se produjo con toda la crudeza y todo el esperpento que caracterizan el sempiterno desprecio de la justicia española por la diversidad lingüística, es decir, por cualquier lengua que no sea el castellano. Porque esta es la otra circunstancia que hace que la escena en el juicio contra los policías que mutilaron a Español no se pueda considerar un hecho aislado ni anecdótico: la lista no solo de desprecios, sino también de actuaciones judiciales en forma de resoluciones y sentencias, de la justicia española contra la lengua catalana es ya inacabable, incontable e inaceptable. Y llega exactamente hasta el día de hoy.Cabe esperar que se haya encontrado la manera de poder proseguir el juicio contra los únicos cuatro policías que habrán tenido que responder por la persecución contra el independentismo catalán en las condiciones adecuadas en lo que respecta al servicio de traducción. Pero eso no elimina el problema de fondo, y el problema de fondo es que las lenguas oficiales del Estado son exactamente eso, oficiales. No cooficiales, como quieren algunos y como se repite a menudo incluso desde los medios de comunicación catalanes, asumiendo, sin darse cuenta, una posición de subsidiariedad que no viene al caso. Son lenguas oficiales del Estado y, por tanto, los servidores del Estado –los jueces y los fiscales y todo el sistema judicial lo son– deberían conocerlas y respetarlas. Y, por tanto, se deberían poder celebrar juicios sin necesidad de servicios de traducción, repitiendo los estereotipos franquistas de los chistes con españoles perplejos cada vez que oían hablar una lengua distinta al castellano.Hablando de víctimas, en el juicio del que hablamos salió enseguida, por parte de los policías acusados, el victimismo según el cual actuaron de manera “absolutamente perfecta” porque se encontraron ante unas hordas extremadamente violentas de independentistas peligrosos. Todo el mundo sabe que eso es mentira, y tener que volver a oír esta comedia por parte (una vez más, los policías también lo son) de servidores públicos no hace más que profundizar en las heridas que dejó la represión contra el Procés. Heridas físicas, como en el caso de Roger Español, pero también heridas políticas, cívicas, sociales. Lo mínimo que puede hacer la justicia es evitar infectarlas, y esto obviamente se puede decir también pensando en la ley de amnistía.
