Para reducir a un mes la celebración de juicios rápidos, que ahora tardan año y medio en lugar de los 15 días legales –o al menos de los seis meses de media en el Estado–, el gobierno español, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona han acordado crear cinco juzgados nuevos que deben servir para dar respuesta al problema de la reincidencia, pues, como admitió el propio ministro Bolaños, en la ciudad hay identificadas 487 personas que suman 6.169 hurtos o pequeños delitos contra el patrimonio. Y eso, desde luego, a pesar de vivir en un país razonablemente seguro según todos los indicadores genera una indudable percepción de inseguridad, que se resume en esa gastada frase de "entran por una puerta y salen por la otra".
Ahora bien, dado que el poder judicial en España es impermeable a la descentralización, le toca ahora al Ministerio de Justicia elevar la propuesta de modificar la planta al consejo del poder judicial y dotar a los jueces sustitutos o redistribuir a los existentes. Los medios materiales y el resto del personal son cosa de la Generalidad. Hay por días, pues, aunque se hable del primer trimestre de 2025. El plan incluye además el acceso de la Guardia Urbana al sistema SIRAJ, que permite consultar los antecedentes de los sospechosos, pero eso requiere modificar un decreto estatal, que tampoco es cosa rápida. Más de un año. Sin embargo, la medida, que sólo afecta a Barcelona –donde se señalan más del doble de juicios rápidos que en Madrid– no deja de ser provisional: estamos hablando de juzgados de refuerzo, que se añadirán a los cuatro juzgados penales y dos de instrucción también de refuerzo ya existentes, dejando de lado la provisión definitiva de jueces de adscripción territorial que hace tiempo que se pide y que una proposición de ley actualmente en trámite en el Congreso ha cifrado en 70, en lugar de los 35 actuales.
Estas medidas instrumentales son positivas, sin embargo. Tanto o más importantes que la reforma del Código Penal, también en curso, que es siempre un recurso punitivo fácil. En efecto, subsanando algunos errores de la actual regulación, ahora se proponen multas de 1 a 3 meses para los culpables de hurtos si el valor del sustraído no supera los 400 euros, salvo en caso de reincidencia: si el delincuente ha sido condenado por al menos tres delitos similares se aplicarán penas más severas de 1 a 3 años de cárcel, con una agravante si se trata de móviles o dispositivos tecnológicos. También habrá que ver el impacto de la ley de eficiencia del servicio de justicia, que entra en vigor el 1 de enero, que cambia el esquema actual de juzgados unipersonales por tribunales de instancia, para permitir asignar jueces a los ámbitos más necesarios sin tener que crear nuevas unidades judiciales.
En este contexto, la Junta de Seguridad de Cataluña del pasado día 5 acabó con un resultado muy estéril. Ciertamente, el actual sistema de emergencias 112 ya remite actualmente a la Guardia Civil ya la Policía Nacional los mensajes que afectan a sus migradas competencias en Catalunya (los avisos no llegan ni al 1%), que ahora pasarán a ser telemáticos en lugar de telefónicos, tal y como se acordó en una Junta de Seguridad de septiembre de 2018 bajo la presidencia de Quim Torra.
El problema es otro, y eso es lo que llevó al presidente Isla a rectificar ayer en el Parlamento: la astucia del ministro Marlaska le llevó a sacar jugo al acuerdo del 112, pero eso aún hizo más elocuente el incumplimiento de sus compromisos de ceder a los mossos las competencias de seguridad y de orden público en puertos y aeropuertos por presiones de los sindicatos policiales españoles refractarios, todo ello y que debían haberse materializado en una Junta del pasado mes de mayo y el adelanto electoral lo impidió. La Ertzaintza ya las obtuvo en julio. No existen cuestiones de eficacia que valgan, porque la demanda de nuevos efectivos (de 22.000 a 25.000) no puede ser un obstáculo para desempeñar las funciones de policía ordinaria e integral en las infraestructuras críticas. Habrá que ver el modelo que se acuerde, porque a los cuerpos estatales les está reservada sólo la competencia en vigilancia fiscal, costas y fronteras. Por cierto, aprovechando la Junta de Seguridad anunciada para primeros de año también podría cerrarse el acuerdo para sustituir al SEPRONA (Guardia Civil) por la Unidad de Medio Ambiente de los Mossos y los Agentes Rurales, como prevé el Estatut.
