A hacha judicial diaria
Los escándalos en torno al PSOE, de corrupción y relativos a conductas de acoso machista, aparte de ser muy preocupantes porque cuestionan la probidad del sistema político y minan la credibilidad de la ciudadanía, auguran una alternancia cada día más probable a favor de la derecha ultramontana. A este contexto hay que añadir las decisiones judiciales incompatibles con el estado de derecho, por así decirlo finamente. Algunos expertos, como el ex magistrado José Antonio Martín Pallín, han hablado abiertamente de golpes de estado judicial. El episodio más grotesco últimamente ha sido la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras una instrucción de muy bajo nivel. Los cinco magistrados que votaron a favor de la condena pertenecen al sector más conservador de la judicatura.
La sentencia atribuye a García Ortiz o "a alguien de su entorno" la filtración del correo en el que Alberto González Amador, el compañero de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, admitía la comisión de hasta dos delitos fiscales (que, por cierto, esperamos sean juzgados con el mismo celo y celeridad). Dejando a un lado el incomprensible interés —por sobrevenido— de una parte de la judicatura por las filtraciones en el ámbito judicial, donde están a la orden del día y sabemos que quedan impunes, no es necesario ser un gran jurista para darse cuenta de que la sentencia vulnera la presunción de inocencia al elevar a categoría de prueba de cargo una mera conjeción de un tercero que actuara a sus órdenes.
El déficit probatorio y la mala conciencia de los magistrados justicieros se deja entrever en la nimia pena impuesta, a pesar de las funestas consecuencias: una inhabilitación de dos años. Más desacomplejados, los fiscales de la asociación de derechas pidieron nada menos que seis años... ¡de prisión! Porque, claro, de lo que se trataba era que hubiera una condena. Cómo fuera. Y conste que estoy persuadido de que el cándido García Ortiz se equivocó con sus ansias de interferir en la pugna política entre la inefable Ayuso y el resistencial gobierno de Pedro Sánchez, cuando se apresuró a redactar una nota de prensa desmintiendo la bola urdida por el pérfido portavoz liderazgo, Miguel Ángel Rodríguez.
Y es que la actividad militante de la derecha judicial, hegemónica en España, va dirigida desde hace años, y en especial durante el trienio sanchista, a erosionar el funcionamiento de las instituciones que no controla la derecha política ya desestabilizar las opciones ideológicas que no les gustan: independentistas, Podemos y, últimamente, incluso un partido dinástico y Partido Popular y que cuando llega al gobierno nunca pone en peligro ninguno de los consensos de la segunda restauración.
Esta estrategia, perfectamente diseñada, forma parte de la renovada reacción conservadora encabezada por la divisa aznarista "Quien pueda hacer, que haga". Y esto no deja de ser un salto cualitativo exponencial. La justicia autoritaria y franquista de antes de la Transición quedó exenta de reformarse como gran poder fáctico, a diferencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, el ejército y los propios servicios de información. Así, en la actualidad, el poder judicial no sólo es el poder del Estado más impermeable a la descentralización política, sino también el más opaco e incontrolable bajo el manto de la separación de poderes. Además, es el poder del Estado más refractario en la crítica social y política.
El escrutinio de la sociedad debe ser libre y los medios no deben ser cautivos de la polarización política provocada por la recalentada máquina madrileña de provocar conflictos. Los gobernantes, y los políticos en general, deben poder criticar las decisiones judiciales en lugar de mostrar el habitual temor reverencial. Tan graves son las comisiones por obra pública o el intolerable comportamiento de un Francisco Salazar como el lawfare que impera en muchos casos judicializados injustamente. O la revelación de que los indultos y la ley de amnistía han sido la causa eficiente de la mal disimulada venganza del Supremo contra el independentismo y contra el PSOE, aprovechando que está inmerso en un barro insoportable. Digamos claro: los de Marchena no pueden digerir que la fantasiosa, barroca y severa sentencia del Proceso haya quedado en papel mojado. Y esto no augura nada bueno. Que tomen nota los partidarios del oasis de las aguas estancadas.
