Haití, emergencia crónica y olvidada
Haití vive una crisis sin precedentes. Se trata de una suma de crisis superpuestas y una combinación de amenazas que ponen en peligro, más que nunca, la seguridad y bienestar de los niños: violencia armada, desplazamientos forzados de la población y colapso de los servicios básicos en un contexto de pobreza extrema. A esto hay que añadir los desastres naturales, a los que el país es proclive, y que debilitan sus ya tocadas infraestructuras y su capacidad de reconstrucción.
La situación ha empeorado desde hace un par de años con la intensificación de los grupos armados que, en estos momentos, ya tienen ocupada la capital, Puerto Príncipe, y van esparciendo el terror hacia otros departamentos del centro y norte del país. La escalada de violencia de estos últimos meses ha provocado un incremento de las personas desplazadas, hasta alcanzar los 1,4 millones en un país de 11,8 millones. Más de la mitad son niños, una cifra que se ha duplicado en el último año y que es la más alta registrada hasta ahora. Son niños y niñas que no sólo huyen de su casa, sino que dejan atrás su barrio, su escuela y sus amigos y familiares, empujados hacia la inseguridad absoluta. Imaginemos el impacto que esto tiene en la vida de un niño.
Las familias se marchan por miedo a la violencia y los secuestros, y se instalan en campamentos improvisados en escuelas y edificios públicos, o en casa de familiares en zonas más seguras. Se calcula que ya existen más de 246 de estos campamentos, que no son fijos porque las personas deben ir moviéndose hacia nuevos lugares a remolque de la presión de los grupos armados. Cuando una escuela pasa a hacer de refugio significa que se interrumpe la actividad educativa. El pasado curso cerraron 1.600 centros: o bien abandonados porque se encontraban en zonas peligrosas, o bien por ser ocupados por bandas o por personas desplazadas. Esto supuso que 250.000 niños y niñas dejaran de tener acceso a la educación.
Hace dos años, uno de estos espacios de refugio era un instituto de secundaria. Ahora 8.000 personas viven hacinadas en lo que eran las aulas, en espacios divididos por telas y plásticos, sin intimidad y en condiciones precarias, y donde las organizaciones de ayuda humanitaria se esfuerzan por abastecer agua potable y atención médica por medio de clínicas móviles. Obviamente, se trata de lugares que no disponen de medidas de protección y que dejan a los niños, niñas y mujeres muy expuestos y en riesgo de violencia, explotación y abusos.
Los efectos de los desplazamientos son devastadores en términos humanitarios, pero una de las peores secuelas de la violencia armada es el reclutamiento de niños y niñas, una práctica que parece no tener freno. Unicef estima que entre el 30% y el 50% de los miembros de los grupos armados son menores de 18 años que pueden ser reclutados a la fuerza, por desesperación o manipulación, o por estar inmersos en el mismo ambiente de violencia. Una vez captados, los utilizan como vigilantes o mensajeros en su paso de iniciación.
Para Unicef, desmovilizar y reintegrar a los niños vinculados a grupos armados es una prioridad. En uno de los centros de acogida, donde sorprende encontrar a niños de corta edad, un equipo de terapeutas y educadores atiende a chicos, y también a algunas chicas, y les dan un apoyo psicosocial que les ayude a superar los cuadros de violencia y abuso que hayan sufrido en su experiencia en las bandas. Jean, de 15 años, hace cuatro meses que llegó al centro. Había hecho de informador y había visto cómo otros niños llevaban y usaban armas. Ahora lo que desea es volver con su familia y en la escuela. De hecho, en el centro se realiza un rastreo de las familias para intentar reunificarlas. Pero no es tarea fácil: a veces no son aceptados, precisamente por su paso por un grupo armado, especialmente en el caso de chicas con hijos, a pesar de ser fruto de una violación.
La violencia y el bloqueo de los servicios básicos y de las rutas humanitarias tienen también graves consecuencias en la salud: la mitad de la población haitiana sufre inseguridad alimentaria aguda –1,2 millones son niños y niñas menores de 5 años–, mientras que más de un millón necesitan agua potable y servicios de saneamiento.
La prioridad ahora en Haití es salvar vidas y mitigar los efectos de la violencia. La falta de recursos y la inseguridad dificultan la asistencia humanitaria, siendo los niños quienes pagan el precio de unos presupuestos cada vez más reducidos. Sin los fondos suficientes, será necesario elegir, limitar las intervenciones y tomar decisiones difíciles para articular respuestas y soluciones duraderas en un entorno volátil y complejo como éste.
