BarcelonaLos sindicatos UGT y CCOO han amenazado este miércoles con un "otoño caliente" de movilizaciones si no hay un acuerdo para subir los salarios en un contexto de inflación disparada. Es evidente que uno de los efectos de la inflación, situada ahora mismo al 10,2%, la más alta desde el 1985, es que los salarios y, por lo tanto, los trabajadores pierden poder adquisitivo. A la práctica, pues, es como si les estuvieran bajando el sueldo porque cada vez pueden comprar menos con la misma cantidad de dinero. Ante esta situación hay los empresarios, que aducen que, con los costes energéticos disparados, una subida de sueldos generalizada obligaría a muchas empresas a cerrar o a despedir a trabajadores. Y también aseguran que están manteniendo los márgenes para contener los precios, cosa que habría que verificar sector por sector. La situación, pues, es especialmente compleja, pero en última instancia es al gobierno español –que es el que tiene las principales palancas en política económica– a quien corresponde actuar para minimizar los daños.
El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el mes de marzo a bombo y platillo que auspiciaría un pacto de rentas entre patronales y sindicatos para repartir equitativamente los costes derivados de la guerra en Ucrania. La idea, sin embargo, de que empresarios y trabajadores se pondrían de acuerdo para repartirse los sacrificios de manera equitativa motu proprio y sin intervención del Estado ha resultado ingenua. La concertación social siempre es la mejor opción, como se demostró con la reforma laboral, pero no siempre es posible. Y más cuando la patronal CEOE no tiene ningún interés en sacar las castañas del fuego a un Sánchez hundido en las encuestas y con evidentes problemas de cohesión interna en el ejecutivo.
Por mucho que le de pereza, pues, es a Sánchez y a su gobierno a quien corresponde tomar al toro por los cuernos y presentar unas líneas maestras de lo que tendría que ser este pacto de rentas, aunque comporte tomar medidas impopulares. La idea del pacto de rentas es en sí razonable. Todo el mundo se pone de acuerdo para perder en función de su riqueza siempre con la prioridad de salvaguardar los más vulnerables. Esto quiere decir que el aumento de sueldos puede pactarse en función de una escalera de salarios, de forma que los más bajos suban más y los más altos menos. Una filosofía que también se podría ampliar a sectores como los funcionarios o los jubilados con las pensiones más altas.
Pero seguramente un verdadero pacto de rentas también tiene que ir más allá de los sueldos y prever vías para evitar la especulación en los precios de los productos de primera necesidad o de la energía (como ya se ha hecho en parte) y también medidas fiscales que ayuden a la redistribución de los costes, sobre todo en aquellos que se están beneficiando de la coyuntura actual, como las eléctricas. La situación económica es dramática y nada hace pensar en una recuperación a corto plazo, al contrario. El otoño, con la llegada del frío y sin el gas ruso, se prevé difícil para países como Alemania, uno de nuestros principales clientes. Y más vale que Sánchez se vaya haciendo a la idea de que llega un momento en el que es él el que tiene que ponderar cuál es la manera de asegurar el bien común.
