Higiene democrática

La cuestión no es si en España se espía. Obviamente que se espía. Como en todos los países europeos del entorno. Como tantas veces, en España, la verdadera cuestión es con qué impunidad se actúa contra el otro. Es decir, qué coste democrático se paga cuando se traspasa y se violenta la ley y qué control democrático se ejerce sobre el poder. Está claro que la extralimitación de los servicios secretos y la actividad en las cloacas serán tan intensas como superficiales sean las consecuencias de conculcar derechos ciudadanos como el secreto de las comunicaciones o la defensa y la expresión de las ideas disidentes.

Pegasus podría haber interferido directamente, por ejemplo, en la preparación de la defensa de Jordi Cuixart o en la negociación del president Aragonès para el apoyo a la mayoría de la investidura española. El espionaje masivo con el programa israelí Pegasus es preocupante por el hecho en sí y sus consecuencias políticas y judiciales. Pero todavía lo es más la naturalidad con la que buena parte de los partidos políticos, la opinión pública y la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, consideran que la extralimitación del poderoso es una anécdota, un mal menor para preservar el gran principio general, el que todo lo justifica: la unidad de España. Sería una ingenuidad digna de 2017 pensar que es exclusiva del Estado español la extralimitación del espionaje, pero es absolutamente exigible que los responsables paguen cuando la actividad ilegal es descubierta y que se ejerzan medidas de control parlamentario para evitar la impunidad de actuación.

Ni garantías ni equilibrios

Los mecanismos de garantía, de contrapesos democráticos, quedan en este caso a la intemperie. Los servicios de inteligencia españoles tienen que rendir cuentas ante el ejecutivo en la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia, con presencia de los ministerios del Interior, Defensa, Economía y Exteriores. Depende de ello la directiva de inteligencia que marca los objetivos del CNI. Y en materia de fondos reservados son responsables la ministra y el presidente, al que la primera tiene que informar según la ley de 1995.

¿Pero fuera del Gobierno? En Bélgica, Canadá y EE.UU. se constituyen comisiones independientes. En España el CNI tendría que someterse al control parlamentario a través de la comisión de gastos reservados del Congreso. Pero la llamada comisión de secretos ha pasado años sin reunirse y tampoco tiene el derecho de exigir toda la información, ni en ningún caso de hacerla llegar a la opinión pública. De este modo, incluso haciendo las preguntas adecuadas no se puede estar seguro de que el CNI aporte la información necesaria para ejercer la fiscalización democrática.

Estamos ante un caso que Citizen Lab apunta que sería el de una intervención masiva de las comunicaciones del núcleo político y del activismo independentista y que la ministra se esfuerza, con más determinación que acierto, en considerar selectivo. Como resulta poco creíble que el juez responsable haya aceptado masivamente violentar los derechos fundamentales, entran en escena las insinuaciones de que hay elementos descontrolados en el seno de la Policía o la Guardia Civil.

Es hoy responsabilidad de los jueces penales investigar y dejar claro si en España hay un espacio de impunidad. Vaya, dónde actúa y quién. De momento, la denuncia del expresidente del Parlament Roger Torrent y el concejal de Barcelona Ernest Maragall hace un año y medio que está encallada en el juzgado de instrucción número 32 de Barcelona esperando solicitudes de información enviadas a Israel (NSO) e Irlanda (WhatAapp).

Primavera en Sanxenxo

La tormenta que el Gobierno del PSOE esperaba que pasara solo se ha agravado con una Margarita Robles encarnando el papel de capitán general que justifica el espionaje a los independentistas. Pero Sánchez no servirá su cabeza a pocos meses de unas elecciones en Andalucía y cuando ella dice lo que piensa buena parte del partido. De momento, Bildu le ha salvado la mayoría parlamentaria y Sánchez confía en que el tiempo y las visitas de cortesía calmen a los republicanos, que tienen una buena oportunidad para decir que ponen la mesa de negociación en el congelador en el que ya estaba.

El escándalo es del todo inoportuno cuando se pretendía culminar la operación Renove de la monarquía con la aprobación del decreto de estructura y funcionamiento de la Casa Real, aprobado por el consejo de ministros. De las novedades no fueron informados por la Casa Real los grupos parlamentarios de ERC, JxCat, Bildu, la CUP y el BNG. Quizá porque sus votantes no pagan impuestos de los que financian la Corona ni son los ciudadanos a los que se deben las instituciones.

Felipe VI ha hecho público su patrimonio, que será fiscalizado por el Tribunal de Cuentas, pero no por el Parlamento. Lo más destacado de la operación es lo que no se hará. Se evita así aprobar una ley de la Corona que aborde un posible recorte de la inmunidad del jefe de estado, limitándola a los actos realizados en ejercicio de su cargo. La operación maquillaje sienta las bases para que el emérito aparezca cualquier día de primavera por Sanxenxo como si no hubiera pasado nada.