El Estado y la Generalitat tienen muchas dificultades para entenderse en términos democráticos. Si exceptuamos el periodo que va de 1980 a 2006, la tensión entre Catalunya y el Estado no se ha abordado en términos políticos, sino en términos de fuerza. En los años treinta de una manera más brutal. En el siglo XXI con menos brutalidad, pero atribuyendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a los tribunales de justicia y al Tribunal Constitucional el control de las relaciones entre el Estado y la Generalitat. Con el telón de fondo del artículo 155 de la Constitución.
La última vez que se ha intentado resolver de manera política la tensión entre el Estado y la Generalitat fue en 2006 con la reforma del Estatuto de Autonomía. Desde 2006 hasta 2010 la respuesta operó de manera satisfactoria a pesar de la amenaza que suponía el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP. Desde la sentencia 31/2010, se pasó de la política entre órganos legitimados democráticamente de manera directa a la política gestionada por el Tribunal Constitucional primero y por la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo a continuación.
Esta gestión judicial de un conflicto constitucional de naturaleza política acabó en la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que acentuó todavía más el protagonismo del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional en dicha gestión. Y con ello una mayor intervención del aparato represivo del Estado.
Sinceramente no sé cómo se puede salir del círculo vicioso en el que hemos caído. Mientras los partidos políticos de las derechas españolas se mantengan en que no hay nada de qué hablar políticamente y que solamente los tribunales pueden hacerlo, no podremos salir del punto muerto en que nos encontramos. Y no contemplo ningún horizonte próximo en que se pueda producir un cambio.
Como hemos tenido ocasión de comprobar en todas las elecciones celebradas desde 2015, en la sociedad española es minoritaria la posición de las derechas españolas respecto de la unidad de España, que es la misma que tuvo el general Franco. Por eso se aprobó en 2018 la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno y que ha sido ratificada en las elecciones de 2019, en las que el artículo 155 fue la línea divisoria decisiva para el resultado electoral, y se sigue ratificando en la aprobación de presupuestos y en todas las votaciones parlamentarias a pesar de las enormes dificultades que supone gobernar con la sucesión de crisis que se nos están viniendo encima.
La mayoría contraria a la unidad de España excluyente del PP y VOX es clara y amplia. A pesar de que a veces los resultados son muy ajustados. La mayoría parlamentaria contra la derecha sigue siendo amplia. Pero no tiene la cohesión interna y, como consecuencia de ello, la fuerza suficiente para romper el corsé judicial impuesto a la “política territorial”.
Como consecuencia de todo ello, el terreno en el que se hace la política es un campo embarrado, en el que se favorece la práctica del juego sucio. Con mayor o menor intensidad según el momento o con intensidad extrema, como ha ocurrido con el uso del programa Pegasus para espiar a un número muy elevado de políticos nacionalistas catalanes.
Una vez que se tiene conocimiento de lo ocurrido, es obvio que no se puede seguir como si no hubiera pasado nada. Y, para mí, también resulta obvio que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha cometido un error mayúsculo. Pero no acabo de entender que se extraigan de esos errores consecuencias respecto de la aprobación de medidas económicas de urgencia como las que contenía el decreto ley sometido a convalidación el pasado jueves.
ERC no necesita hacer visible su fuerza en el Congreso de los Diputados porque salta a la vista. Lo importante en este momento no es conseguir la dimisión de un ministro o una ministra, sino identificar con la mayor precisión posible cuáles han sido las operaciones de juego sucio que se han puesto en marcha y cómo se puede evitar que puedan repetirse. Los ceses o dimisiones caerán por su propio peso a continuación.
La legislatura ha estado presidida desde la misma noche electoral por la intención de la derecha de que no pudiera constituirse siquiera el Gobierno de coalición y, una vez que no fue posible, poner trampas para que tenga que dimitir y se celebren nuevas elecciones. Dicha estrategia de la derecha ha tenido el efecto indeseado para ella de normalizar a Bildu, pero ha estado en varias ocasiones a punto de conseguir su objetivo. ¿Puede tener algún interés ERC en que dicha estrategia pueda tener éxito? Todo lo que no suponga hacerle ver a la derecha que son minoría y que, si siguen por donde van, lo serán en la próxima legislatura, es contradictorio con lo que representan todos los partidos que hicieron posible poner fin a la hegemonía del PP y haber hecho frente a las crisis de manera distinta a como lo hizo el Gobierno de Mariano Rajoy.
